De nuestro correo electrónico VIII: Lanza Castañeda iniciativa para la agenda política nacional 2012

El reconocido politologo Jorge G. Castañeda lanzó hace unos días una iniciativa pública para establecer una agenda política nacional, que trascienda del ámbito coyuntural (vamos a sacar al PRI de los Pinos), y establezca las rutas para una reorganización de fondo del Estado Méxicano, en el ámbito político, económico y social.
Castañeda ha solicitado a sus amigos en todo el país le ayuden a difundir la propuesta y a intercambiar ideas que coadyuven a iniciar un amplio debate nacional.
Este correo nos lo envía el señor Manuel González Martínez, por cuyo conducto, Castañeda pone a debate de residentes de Rosarito y Tijuana, estas ideas.
El artículo de Castañeda, se titula originalmente:

2012: Referéndum y Provocación


* Una agenda obligaría a los partidos políticos a pronunciarse sobre temas de fondo y convertiría los comicios en un referéndum programático

Por Jorge G. Castañeda y Manuel Rgz. Woog

Ciudad de México (9 agosto 2009).- Ya pasaron las elecciones intermedias de 2009 y los actores están en los últimos días de una más de sus batallas legales y políticas. A pesar de los malos augurios, las cosas salieron razonablemente bien en la organización del proceso: las querellas acabarán resolviéndose de manera institucional y no en las calles. ¿Qué sigue ahora para el gobierno en los próximos tres años, si la salida dela crisis económica no está en sus manos, si no hay manera de bajarse de la guerra contra el narco, nitampoco manera de ganarla, si el carácter hiperminoritario del PAN en la Cámara imposibilita cualquier avance sin el PRI, y el PRI no quiere ni puede darle medallas al Presidente? Es inevitable que las elecciones del 2012 dominen cada vez más la agenda y voluntades de los actores políticos; todo dependerá de la manera en que se quiera abordar la perspectiva de la sucesión presidencial.
El Presidente tiene que decidirse: o administra el día a día de la crisis económica y de la guerra contra el narco, o coloca en el centro del debate los grandes temas que trasciendan las inercias de la administración pública y la política partidista.
En México, una vez que pasó la preocupación sobre la transparencia y legalidad de las elecciones, llegamosen los dos últimos comicios presidenciales a un referéndum, donde quienes transformaron la votación en ello, triunfaron: Fox en el 2000 para "sacar al PRI de los Pinos", y Calderón en 2006 sobre el "peligro" de López
Obrador. Pero está táctica –a cuyo diseño y aplicación en el 2000 no fuimos ajenos los autores– se ha agotado. México no puede seguir celebrando virtuales plebiscitos cada seis años, en elecciones por completo desprovistas de carácter programático. En todo caso, hay que transformar el 2012 en un referéndum sobre el programa, y no sobre el copetón, el pelele o el heredero: ¿cuáles son las cuatro o cinco grandes ideas cuya realización necesita el país para llegar al 2018 como una sociedad en crecimiento, de clase media, segura y ubicada en el mundo?
El único que, por sus funciones y prerrogativas, puede fijar una agenda así de ambiciosa es el Presidente. Pero para ello tendría que abandonar ciertas predilecciones, y adentrarse en
terrenos nuevos.
Calderón puede decirle al país qué y cómo lo quiere, sin importar si es o no realizable; puede abandonar la política de lo posible para elevarse al ámbito de lo deseable: no para lograrlo ahora, sino para convertir el 2012 en un referéndum sobre lo deseable, y así volverlo posible para su sucesor. Lo puede hacer, ya que, para bien o para mal, el gobierno como está diseñado se administra casi solo, y porque en México la esperanza es lo último que muere, fijada siempre en la canasta de una persona –sea el nuevo entrenador de la selección nacional de futbol o el próximo presidente de la República–. Nadie más lo va a hacer, porque se trataría de una apuesta de alto riesgo (aunque de alta ganancia también): muchos piensan que en México, por lo mismo, las elecciones sólo se ganan sin agenda, porque poner agenda es peligroso.
En una versión actualizada del aforismo de Fidel Velázquez: al que se le muevan las ideas, no sale en la foto.
Como lo muestran diversos análisis de los procesos electorales de 2000 y de 2006, e incluso de 2009, los comicios tienden a ser definidos cada vez más por los votantes más modernizados, más vinculados con los beneficios de la globalización. El voto duro aporta un piso, necesario pero insuficiente, para ganar una elección presidencial; lo demás viene de sectores oscilantes. Para nosotros, esos votantes pertenecen a las nuevas clases medias surgidas en estos últimos 13 años de constante, aunque magro, crecimiento, en condiciones de estabilidad macroeconómica que permitió el acceso al crédito, bienes y servicios a los cuales no se renuncia fácilmente, como la vivienda, autos, vacaciones, crédito en tiendas, etcétera.
Ellos inclinaron la balanza a favor de Fox a partir de mayo de 2000, y en marzo de 2006 empezaron a dudar de López Obrador como mejor opción, retirándole al final el apoyo.
Existe hoy una oportunidad para desechar la fácil retórica nacionalista de la soberanía, la patria pobre, la corrupción como causa única de los males, la simulación, la guerra por la patria, para al menos intentar que el país entre en una dinámica de propuestas que obliguen a todos a mostrar sus cartas y hacer explícita su postura.
Al país le traería mucho más beneficios la presentación de una agenda escueta pero audaz y
visionaria, irrealizable por ahora pero necesaria para el futuro, que otros tres años de gestión día a día.
Si el centro de la actuación presidencial y su discurso es la agenda de futuro, por default baja el volumen de la guerra contra el narco y se ventila el ambiente. La agenda puede tener cuatro ámbitos: un conjunto de medidas claramente antimonopólicas; un cambio en el sistema de protección social; tres reformas institucionales básicas; y, en cuarto lugar, la reorientación de la estrategia de seguridad interna del país.
Agenda antimonopolios
Como lo hemos dicho en Reforma desde 2006, y en un pequeño libro reciente publicado por el FCE, uno de los grandes pendientes de la alternancia fue el desmantelamiento del viejo régimen corporativo priista, régimen que sigue favoreciendo a todo tipo de monopolios y mecanismos de concentración de poder.
En esta cancha de la agenda antimonopólica, un reto de gran trascendencia consiste en dotar de una vez por todas de autonomía y capacidades legales a la Comisión Federal de Competencia para que ejerza con mayor libertad y efectividad sus funciones en favor de la competencia y de combatir la concentración del poder económico. Otra de las iniciativas radica en actuar en el terreno de las telecomunicaciones y medios de comunicación electrónica. Es evidente la necesidad de un nuevo marco legal para desarrollo en México.
Los malogrados intentos del pasado reciente en la materia se deben, entre otras cosas, a que no se quiso reconocer que el impulso a este sector pasa por medidas claramente antimonopólicas, con una señal emblemática clara: no hay 20, y la mejor de todas no requiere de aprobación legislativa.
Se trata de la autorización para crear una tercera cadena nacional de televisión abierta, ya en el espectro digital, accesible para todos los mexicanos, y que obligue a una competencia de contenidos, de noticias, de equidad en las contiendas electorales, para dejar de usar definitivamente las concesiones de un bien público, para fines estrictamente personales.
Si se dejan las cosas como están, el peligro para México no es que el próximo
presidente sea narco, sino que lo ponga Televisa, esta vez con éxito, como trató, sin lograrlo, con Labastida y AMLO.
Pero una agenda antimonopólica también debe incluir a Pemex y/o a la CFE. La fallida reforma de Pemex no sirvió para mucho. La crisis abre la puerta para que el Presidente ponga otra vez sobre la mesa la necesidad de una transformación radical de estas empresas, que sólo puede darse si se permite la inversión privada, nacional y extranjera, minoritaria en ambas, y se abran al tipo de transparencia, reglas de contabilidad (GAAP), derechos de accionistas minoritarios, fiscalización, etcétera, que provienen de la cotización en bolsa, tanto en México como vía ADR en Nueva York. Conviene recordar que es el caso de Petrobras desde el 2001.
Sabemos que el PRI, el PRD y La Jornada no van a estar de acuerdo; ¿y qué? No se trata de lograr la aprobación ahora, sino de educar al país a través de un gran debate nacional que se zanje con el voto en 2012.
Calderón tiene los conocimientos y el talento para ganar este debate.
Otro tema de la agenda antimonopólica involucra la relación entre el Estado y sus grandes sindicatos: SNTE, SUTERM, SNTIMSS, SME y STPRM. Una medida crucial, de enorme alcance y fácil aplicación legal (que ha sido discutida en el gobierno, y lógicamente rechazada tanto por el secretario de Trabajo como por los responsables de sector), reside en ordenar la no retención de cuotas sindicales por el gobierno –los patrones son entes públicos: Hacienda para el SNTE, las tres paraestatales para las empresas de energía– y que sean los trabajadores quienes individual y voluntariamente, ex post, las aporten a sus sindicatos.
Además de facilitar la transparencia y democracia sindicales, esta medida, sin duda draconiana, cercenaría el cordón umbilical que une al gobierno con el corporativismo: es una de las claves de bóveda del viejo sistema priista.
Encierra implicaciones de amparo, amenazas de huelgas (en el caso de los Apartado A) por violaciones posibles al contrato colectivo, o a usos y costumbres y acuerdos administrativos (los del Apartado B), pero ya queremos ver a Valdemar Gutiérrez peleando en los tribunales, en los medios o en las calles su derecho a disponer libremente de las cuotas de los trabajadores del IMSS, y limitar –en los hechos– un aumento de sueldo gracias al Estado mexicano.
http://www.reforma.com/ -- 2012: referéndum y provocación 8/9/09 9:41 AM
En el frente político, la agenda antimonopólica debe incorporar la apertura de las elecciones a candidatos independientes como opción ante el monopolio de los partidos. Uno de los resultados más interesantes del proceso de este año es que, sin querer o queriendo, el debate sobre el voto en blanco o voto nulo obligó a muchos a tomar posiciones sobre diversos temas, siendo uno de ellos el de las candidaturas independientes.
Haciendo a un lado los argumentos absurdos según los cuales no son una panacea (obviamente no) o que contribuyen al fascismo (¿y las candidaturas de partidos no: Alemania 1933?), introducirían una sana y fuerte dosis a la competencia electoral, sobre todo a nivel local y estatal. En la inevitable reforma de la reforma electoral que los partidos y Calderón tendrán que enfrentar, insistir en la inclusión de candidaturas independientes permitiría identificar claramente las posiciones de los diversos actores; pero conviene ubicar esta propuesta en la agenda antimonopólica, no en la estrictamente electoral.

Agenda para la protección social

En las condiciones del país es evidente que este tema se ha vuelto primordial, sobre todo porque los resultados 2008 de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares y los indicadores sobre la pobreza en México que el Coneval divulgó hace unas semanas colocan la necesidad de un piso social mínimo para todos los mexicanos en el centro del debate. A diferencia de los temas antimonopólicos, existe una coincidencia sobre las carencias del sistema de protección social: todos los actores políticos, sociales e intelectuales dicen que no es funcional. La propuesta más audaz, y a la vez más factible, proviene del trabajo de Santiago Levy, coautor del principal programa de combate a la pobreza en México.
Se trata de construir un piso mínimo: seguro de salud e invalidez, seguro de desempleo y pensión para todos los ciudadanos, formales e informales, del campo o de la ciudad, derechohabientes o no del IMSS, ISSSTE, Infonavit, Oportunidades, etcétera, y financiado por el fondo fiscal central, no por cuotas de cotizantes.
No se trata de restarle beneficios existentes a los actuales derechohabientes, sino de darle protección a los que carecen de ella y de eliminar los estímulos a la informalidad que hemos creado a lo largo de los últimos años gracias al sistema de parches puesto en práctica por los tres últimos gobiernos.
Dícese que el gabinete se encuentra dividido al respecto, con Ernesto Cordero y Sedesol a favor, y Agustín Carstens y Hacienda en contra. ¿Y Calderón? Es caro (según Levy, 4 puntos brutos del PIB, o 2 puntos netos si se restan al costo los ahorros implícitos) y la única manera de costearlo a corto plazo consiste en aplicar IVA uniforme de 15 por ciento a todos los bienes y servicios, en todo el país, sin excepciones, exenciones, regímenes especiales, etcétera.
Ya sabemos que el PRI y el PRD no quieren; pero también sabemos que un programa de esta naturaleza, con la actual explosión del desempleo, por ejemplo, sería popular en México. Sólo que no se puede proponer si no se paga de alguna manera, y no hay otra forma de pagarlo. También es probable que no haya otra manera, más que ésta, de reducir drásticamente los costos laborales no salariales para las empresas –de casi 30 por ciento del total– y por tanto de crear empleos sin quitar beneficios.

Agenda de las reformas institucionales.

Un tercer ámbito en que el presidente Calderón tiene la posibilidad de decirle al país cuál es el rumbo que quiere seguir es el de las transformaciones necesarias para dotarnos de un régimen político en el que se puedan tomar decisiones, y que no esté condenado a la parálisis como es el caso de la estructura actual desde 1997.
Es evidente que este arreglo institucional dejó de funcionar en cuanto surgieron condiciones
democráticas reales, aunque insuficientes. Desde 1997 estamos atrapados en el mundo de los acuerdos mínimos, con presidentes y legisladores sin mandatos, sin mayorías ni recursos para tomar decisiones.
Aunque hay varios cambios necesarios, los tres más importantes, y que Calderón puede proponer porque forman parte del programa de su partido, y que al mismo tiempo el PRI no va a atreverse nunca a aprobarlos en serio –digan lo que digan algunos de sus dirigentes– son los siguientes.
Los tres revisten como característica esencial posibilitar el surgimiento de mayorías y mandatos para tomar decisiones, las que sean, de izquierda o de derecha, nacionalistas o entreguistas, técnicas o políticas, pero decisiones que hagan que el país se mueva.
El primero, que colocamos en este sitio por ser el menos comentado, consiste en la segunda vuelta en las elecciones presidenciales. Los números son elocuentes: en 1994, Ernesto Zedillo fue elegido con 50 por ciento del voto, Vicente Fox con 43 por ciento en el 2000, y Felipe Calderón en el 2006 con 35 por ciento; el próximo debiera darse de santos si alcanza un 32 por ciento en el 2012. México no puede ser gobernado por un Presidente elegido por menos de una tercera parte del electorado.
La segunda vuelta obliga a alianzas (sólo pasan los dos primeros contendientes, los demás negocian su apoyo programático, de personas y cargos, entre una y otra vuelta); por eso y para garantizar un amplio mandato, casi todos los países con régimen presidencial (en América Latina y Francia, por ejemplo) han establecido este mecanismo.
A Calderón no le beneficiaría directamente, pero sí a su sucesor del partido que sea. El tema de la segunda vuelta en las elecciones legislativas es harina de otro costal; se puede instaurar o no en función de cómo se quiera generar mayorías legislativas. Pero los que se aferran a nuestro statu quo disfuncional podrían preguntarse: ¿por qué México insiste en ser diferente?
Las otras transformaciones institucionales son la reelección consecutiva de diputados y senadores, junto con la disminución del número de legisladores plurinominales, haciéndolas accesibles sólo para partidos que obtengan menos de un número determinado de curules de mayoría, y el referéndum para modificar la Constitución. De nuevo, no representan panaceas (no existen en la política), pero conforman las dos soluciones menos malas o imperfectas que los demás países han encontrado para asegurar un mínimo de rendición de cuentas y de nexo entre electores y elegidos, en el caso de la reelección; y para permitirle al Presidente llevar los grandes asuntos nacionales (cambios constitucionales, tratados, etcétera) directamente al país, argumentando la pertinencia de las propuestas y forzar a sus opositores a tomar posiciones públicas.
Ambos instrumentos son absolutamente típicos de todas las democracias (salvo Estados Unidos el referéndum, y Costa Rica la reelección consecutiva) más o menos maduras, con mayor o menor nivel educativo que el nuestro, y con el riesgo implícito de que un buen remedio sea también utilizado para fines perversos.
Pero, por algo será que todos los países recurren a ellos.
Nuevamente, la elección de 2009 puso en evidencia, gracias al debate del voto nulo, que sí hay condiciones para promover la reelección consecutiva de legisladores y disminuir el número de ellos que llegan al Congreso por la vía plurinominal. La reelección y la disminución de plurinominales ya están en iniciativas como la de Alejandro Martí, la cual muchos de los diputados recién electos firmaron. No tiene ningún costo para Calderón subirla a la agenda y obligar de esa manera, como señalamos arriba, a que el PRI se defina.
Sobre el referéndum, por ejemplo, las limitantes que puso de manifiesto la crisis económica internacional sobre los alcances reales de la reforma a Pemex podrían ser argumento de un referéndum como medio para consultar a la población si se modifica o no la Constitución. Pero primero hay que crear la figura, y Calderón la puede proponer ahora.

Agenda para la seguridad interna

Finalmente, es imprescindible que el presidente Calderón coloque en el agenda la seguridad interna del país.
Son muchas sus debilidades, puestas en evidencia en la guerra contra el narco. Unas vienen de años atrás, como el anquilosamiento de las instancias de procuración y administración de justicia, pero el tema de las policías es hoy el más álgido. Se puede dar un nuevo giro a la política de seguridad interna del país, impulsando la creación de una policía nacional única, sustituta de todas las policías estatales y municipales, unificando los códigos penales de los estados y modificando por completo la estrategia de combate al narcotráfico. Esta propuesta, que Calderón llegó a asumir como candidato en varias ocasiones, incluso atribuyéndola explícitamente a uno de los autores, es hoy, aun cuando el Presidente se haya desdicho de ella, la conclusión lógica de los esfuerzos gubernamentales para sustituir algún día al Ejército.
No es posible limpiar a decenas de cuerpos policiacos estatales y municipales corruptos, con más de 350 mil efectivos, con menos de 20 mil policías federales operacionales honestos, suponiendo que se pudiera garantizar que efectivamente lo son. Los múltiples argumentos sobre la diversidad mexicana, las tradiciones federalistas, los peligros del Frankenstein policiaco y otros de esa naturaleza empalidecen uno a uno frente a la magnitud del reto: o se busca una solución radicalmente distinta como la policía nacional única que sustituya a las existentes en lo local, o seguiremos igual que desde 1999, cuando Zedillo creó la PFP, pero a la que no pudo darle crecimiento ni seguimiento, y a la que Fox y Calderón tampoco quisieron hacer crecer.
Cada día de la guerra de Calderón que pasa, se demuestra la debilidad y perversidad intrínseca del esquema existente.
A manera de reflexión final
Lo que aquí se propone no es un programa de gobierno; es una agenda audaz e imaginativa que debe ser propuesta, discutida y defendida durante los próximos tres años. No tiene la finalidad de ser aprobada en el corto plazo, pero sí de servir como catalizador y organizador del debate nacional de aquí a las elecciones presidenciales de 2012. La agenda, y su difusión sistematizada por Calderón, si quiere, y por otros si él no quiere, pondrá en evidencia a quienes trabajan por un tipo de país como el que se deriva de este abanico de propuestas; y a quienes no trabajan por un país así, al menos, los obligará a revelar qué tipo de país quieren.
Constituye una gran provocación para que todos se vean forzados, desde ahora, a ser explícitos, a asumir las consecuencias de sus posturas. Sobre todo, dado que nada importante va a suceder en México de aquí al 2012, constituye un intento para hacer de la campaña presidencial algo diferente y moderno. Puede simultáneamente volverse aceptable para la heterogénea clase media mexicana definidora de elecciones y para destetarla del rancio discurso nacionalista revolucionario al que todavía resulta, lamentablemente, sensible.
Es algo casi insólito para la clase política nacional: un referéndum programático, un debate de propuestas, una discusión de ideas.

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