Denuncia Lanz Paredes ante el Senado extorsión a Transportistas; reclaman atender denuncias

Con el propósito de que el Ejecutivo Federal investigue e informe sobre la denuncia pública hecha por el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción-Tijuana, relacionada con hechos posibles de los delitos de extorsión y abuso de autoridad, que fueron víctimas integrantes de ese organismo por parte de elementos de la policía federal en la carretera Tijuana-Ensenada, Baja California, el senador Fernando Castro Trenti, presentó ante el Pleno del Senado de la república un exhorto.
En el Punto de Acuerdo el senador Castro solicita que a través de las Secretarías de la Función Pública, de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República, se indague e informe al Senado el seguimiento de la acusación pública hecha por Sebastián Lanz Paredes, titular de la CMIC en Tijuana, por lo que expuso el legislador por el PRI “ podría ser un caso constitutivo de delitos de extorsión y abuso de autoridad, por parte de integrantes de la Policía Federal destacados a la vigilancia de caminos en el estado de Baja California, porque aporta indicios que no pueden desestimarse sobre la posible complicidad o contubernio de representantes del Ministerio Público Federal en esa entidad, lo cual exige una investigación a fondo”.
El Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado se refirió a que “desafortunadamente, no se trata de un caso aislado, pero sí de un ejemplo que podemos sustentar gracias al valor civil de ciudadanos que han decidido no callar y exigen justicia. Es por eso que consideramos que el suceso merece la atención de esta asamblea y su seguimiento cercano, para no dejar espacio a la impunidad, que tanto desalienta la denuncia ciudadana en estos casos. Porque si queremos que impere el Estado de Derecho, debemos exigir que los primeros que cumplan con él sean las autoridades”.
Por eso en el contenido del Punto de Acuerdo, expone Castro Trenti que es sabido que este tipo de casos en las carreteras del país, disfrazados de operativos de seguridad, pero que en muchas ocasiones se convierten en mecanismos de extorsión a ciudadanos inocentes. Los transportistas de todo el país son testigos y víctimas de esas extorsiones, con las cuales han aprendido a vivir como un mal inherente a su trabajo y por lo mismo no se atreven a denunciarlo para no sufrir represalias que perjudicarían aún más su actividad.
Además, de que ante esas amenazas, se opta por entregar una cantidad fija mensual, que es una modalidad que según cuentan los transportistas entró en vigor al modificarse la figura de Policía Federal de Caminos por Policía Federal Preventiva.
Al referirse al caso específico sucedido en la carretera de Tijuana, que afectó a trabajadores de la CMIC, resaltó que el Presidente de la CMIC realizó gestiones ante el procurador del estado y ante el comisario de la Policía Federal, fueron infructuosas, por lo que los afectados tuvieron que padecer una detención de 48 horas de manera totalmente injusta y arbitraria, toda vez que nunca se les comprobó que el vehículo fuera robado, como sostuvieron los policías federales y la persona que se ostentó como Ministerio Público y al parecer solamente es oficial secretario. Se liberó a los detenidos, pero se retuvo el vehículo a pesar de que, a decir de los denunciantes, cuenta con sus documentos en regla y no se puede sostener el argumento de que es robado.
De ser ciertos los hechos denunciados, agregó el senador Castro, se trató de un montaje para esquilmar a los trabajadores y al empresario de la construcción, sin importar el daño causado y con la seguridad que da el saberse impune, al contar con la protección de autoridades superiores. No se explica de otra manera la desfachatez con que actuaron los policías y funcionarios involucrados.
Los hechos que refiere la mencionada Cámara se dieron el sábado 22 de agosto la noche cuando tres personas fueron detenidas por elementos la Policía Federal, al cruzar la caseta de San Miguel, en el Sauzal, de la carretera de cuota Tijuana – Ensenada, ya que en ese momento se desplegaba un operativo con varias patrullas, motivo por el cual les hicieron el alto para una revisión del vehículo tipo pick up en el que viajaban, se les informó que ese carro tenía reporte de robo, por lo que tenían que llevarlo a la oficina de la Policía Federal, donde un elemento de la corporación le pidió al conductor 2 mil dólares para dejarlo ir como si nada hubiera pasado, o de lo contrario remitirían a sus ocupantes ante el Ministerio Público y retendrían el vehículo.
De acuerdo con la denuncia, el trabajador pidió comunicarse con su patrón, quien detenta la propiedad del vehículo, al comunicarse el Policía Federal sostuvo su intento de extorsión para dejar que se fueran los tres ocupantes y liberar el vehículo; ante ello el empresario le advirtió que ese acto de corrupción lo iba a denunciar y que él se apegara estrictamente al procedimiento de Ley, sin abusar de las tres personas que tenía detenidas.
Ante el fracaso de la extorsión los detenidos fueron conducidos por la Policía Federal a la Agencia del Ministerio Publico Federal en donde una persona que dijo ser Ministerio Público, elevó el intento de extorsión a 5 mil dólares, mismo que el propietario del vehículo y patrón de los trabajadores detenidos rechazó una vez más, por lo que sus empleados fueron injustamente arrestados e incomunicados.