Reconoce Secretario de Gobernacion que persiste desconfianza en instituciones de seguridad

* Menos de la tercera parte de policias certificados en el pais

* Apenas un diez por ciento de los delitos que ocurren son denunciados

México, D.F., a 25 de Julio de 2012


TEXTO INTEGRO DE LA CONFERENCIA DE PRENSA QUE OFRECIÓ EL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, ALEJANDRO POIRÉ


- Secretario Alejandro Poiré: Qué tal, muy buenos días a todas y a todos, les agradezco mucho que nos acompañen esta mañana.


Como ustedes saben, desde el primer día de la Administración del Presidente Felipe Calderón, hemos llevado a cabo una estrategia a favor de la seguridad, en contra de la delincuencia, para poder garantizar la seguridad de todos los mexicanos.


Esto bajo una Estrategia Nacional que tiene objetivos definidos, que ha sido integral en su implementación y que se ha llevado a cabo en un marco de colaboración con los distintos órdenes de Gobierno, con los Poderes de la Unión y que ha tenido logros importantes en los tres ejes: En el debilitamiento de las organizaciones delincuenciales, en la transformación institucional, en la reconstrucción del tejido social.





Y en virtud de ello, hoy contamos con instituciones de seguridad y de justicia más fuertes, más confiables que las que recibimos hace seis años y en las cuales tenemos que seguir trabajando.





Les doy dos ejemplos que ya hemos comentado en éste y otros foros, pero que resaltan el grado de avance institucional que se ha tenido y también en alguna medida la tarea que todavía se tiene que hacer en los meses y años por venir.





En el año del 2010 nuestro país no contaba a nivel estatal con ningún Centro de Control de Confianza Acreditado para hacer los controles de confianza de los policías estatales y municipales, ni uno solo a nivel nacional. Esto incluso a finales del 2010, noviembre del 2010, cero Centros de Control de Confianza Acreditados a nivel estatal.





Hoy día ya contamos con 24 Centros Estatales de Control de Confianza certificados, además de los federales, que están evaluando y acreditando, literalmente, a miles de policías en activo y aspirantes a ser policías de nuevo ingreso todos los meses en nuestro país.





Y seguimos trabajando para que el resto de las entidades federativas puedan ya contar con sus Centros de Evaluación y de Control de Confianza debidamente acreditados.





Gracias a este esfuerzo, que es un esfuerzo que ha contado con el respaldo, con los fondos federales y con el impulso de los gobiernos de los estados, hoy día México ya cuenta con más de 113 mil policías que han sido declarados aptos, después de su Control de Confianza, para el servicio a los ciudadanos.





Es decir, ya contamos con más de 113 mil elementos estatales y municipales, del total de 430 mil. Esto nos da una dimensión del avance, pero también de la tarea que se tiene por delante para poder acreditar al resto de los policías, que a final de cuentas están en el contacto directo y permanente con la población en el ámbito estatal y municipal.





Este es un avance que representa una transformación fundamental para la historia de nuestro país y, de la misma manera, hay que destacar el avance significativo que se ha dado en la propia Policía Federal, que al inicio de la Administración solamente contaba con cerca de seis mil 500 policías federales y hoy tenemos más de 38 mil elementos certificados, de los cuales cerca de ocho mil tienen un nivel universitario y están dedicados a las tareas de investigación, de análisis, etcétera.





Sin embargo, también estamos conscientes que a la par que contamos con esta transformación institucional, todavía tenemos retos significativos en materia de seguridad y de tranquilidad, y uno de ellos se refiere específicamente a reducir los niveles de impunidad.





Según distintos datos que se han hecho y distintas encuestas ciudadanas, recientemente la Organización México Evalúa señalaba en un informe que aproximadamente solamente dos de cada 10 delitos que ocurren en México, de la totalidad de los delitos de robo, de extorsión, etcétera, solamente cerca de dos de cada 10 son los delitos que se denuncian ante las autoridades.





Esto, como bien sabemos, está directamente vinculado a los niveles de desconfianza, que obviamente aún existen entre la ciudadanía respecto de sus policías, de sus ministerios públicos y de sus jueces.





Esto particularmente se refleja en las llamadas o relativamente al poco flujo de llamadas que se da ante los centros de emergencia y de denuncia, por el propio temor, muchas veces que existe, de que sean las propias autoridades que reciben la llamada las que utilizan mal esa información en contra de los ciudadanos eventualmente.





Es por ello que como parte de este esfuerzo de depuración que están haciendo los estados y los municipios, el Gobierno Federal, y particularmente en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública hemos enfatizado como una de las prioridades a depurar los llamados C4, los Centros de Control y de Comando y de llamadas de los ciudadanos, en donde el número de emergencia de los ciudadanos llega la llamada y ahí es donde se recibe, se registra y se hace el despacho de la información para que las autoridades policiales actúen sobre una denuncia de robo, de secuestro, de extorsión, etcétera.





Hemos insistido en que estos C4, así como las unidades de Combate al Secuestro, así como los mandos superiores de las propias corporaciones policiacas estén integrados exclusivamente por personal que ya haya pasado por su Control de Confianza y que ya haya sido declarado como apto en ese Control de Confianza.





En la medida en la que tengamos la certeza de que todo el personal del C4 es personal apto para prestar sus servicios, vamos a ir minimizando los riesgos de que una llamada de emergencia no sea utilizada debidamente y vamos a minimizar los riesgos de que exista un abuso derivado de una llamada a un C4 de una entidad o de un municipio.





Nuestro país hoy cuenta con 27 Centros de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones, que es como se llaman los famosos C4, en el mismo número de entidades; y estos centros forman parte de una red muy compleja, la verdad, más de 200 centros de emergencia para distintas materias en el orden local en el país, que cubren prácticamente la totalidad de los municipios.





¿Esto qué nos dice? Que tenemos un problema de que no todos los delitos o un porcentaje importante de los delitos que ocurren no se están denunciando; que la ciudadanía tiene muchos números distintos a los cuales llamar de emergencia y que existe cierto grado de desconfianza de quiénes están recibiendo esa información y cómo se está utilizando.





Nos dice también que estamos avanzando en la depuración de esos C4, pero que es indispensable acelerar el paso. Y además de acelerar el paso en la depuración de los C4 es necesario y es útil contar con nuevas herramientas que nos garanticen que los ciudadanos pueden denunciar un delito de manera anónima, de manera confiable y segura para ellos, y que la información derivada de esa denuncia va a ser utilizada conforme a los protocolos por las autoridades competentes.





En la medida en la que logremos eso, van a aumentar el número de denuncias de los ciudadanos y va a aumentar la eficacia de las autoridades policiacas.





Es precisamente con esa idea y en ese marco que asistí, como ustedes saben, la semana pasada a una conferencia en los Estados Unidos convocada por Google, por Google Ideas, en Los Ángeles, California; una conferencia, una cumbre de información 2012 dedicada a buscar cómo combatir a las redes ilícitas que se vinculan con distintos delitos.





En esa reunión, en la que estaban destacados emprendedores, funcionarios públicos, programadores, estudiosos del fenómeno de las redes ilícitas, expresé, precisamente, que la tecnología nos podía ayudar a acelerar el paso en darle a los ciudadanos un mecanismo seguro y confiable para poder denunciar delitos y que esas denuncias pudieran ser verificadas por grupos de ciudadanos.





Nosotros hemos hecho un esfuerzo importantísimo en el Gobierno Federal por mejorar nuestras redes tecnológicas, por mejorar nuestros sistemas de bases de datos y la información con la que se cuenta, conocen ustedes por supuesto Plataforma México, de la Secretaría de Seguridad Pública; conocen por supuesto el Sistema Único de Información Criminal de la Procuraduría General de la República.





Pero aquí de lo que se trata es de convocar y de utilizar dos elementos fundamentales que pueden darnos un paso significativo en el avance de las denuncias y en la reducción de la impunidad.





Primero. Hoy en México existen 95 millones de líneas de teléfonos celulares. Eso quiere decir 95 instrumentos, 95 millones de instrumentos en manos de habitantes de nuestro país que pueden convertirse en herramientas seguras y confiables de denuncia anónima.





Y por eso es que en esta conferencia, y hoy reitero ese llamado, yo hice una invitación abierta a técnicos, estudiantes, ingenieros, programadores, organizaciones de emprendedores a generar una aplicación, un software que nos permita lograr dos cosas:





Primero. Que en cada teléfono celular, sea de la compañía que sea, sea de la marca que sea, existen mecanismos rápidos y sencillos para denunciar algún posible delito ante el C4 local, de manera inmediata, con alguna clave, con algún botón, con alguna llamada específica.





De manera anónima, garantizando, eso es fundamental, garantizando que no se va a saber quién es la persona que hizo la llamada. Puede ser a través de un mensaje de texto, puede ser a través de una conexión telefónica, a través de una conexión de red.





Y no solamente que se va a hacer una denuncia anónima, incluso, podríamos pensar en mecanismos en los cuales los propios teléfonos traen una cámara fotográfica o alguna cámara de video, y que eso llegara como información al C4.





¿Pero qué se necesita? No solamente ese mecanismo de denuncia, se necesita también que podamos garantizar que esa información que llegó a ese C4 fue utilizada conforme a protocolo y que nadie hizo un uso indebido de esa información.





¿Para qué? Precisamente para ir generando una cultura de denuncia anónima, basada en una red verdaderamente extraordinaria de instrumentos para ello, que son los 95 millones de teléfonos celulares; y por otro lado, grupos de ciudadanos que vigilen el funcionamiento de los C4 a nivel local.





Es decir, que la propia tecnología desarrollada permita de manera sencilla, eficaz, transparente, garantizar que si llega una llamada anónima a un C4, esa llamada anónima pasa de quien recibe esa información o esa denuncia anónima, a la persona responsable de mandar una patrulla, de verificar que si está ocurriendo el delito o no, de mandar un Ministerio Público para que se haga la investigación.





Y que la actuación eventualmente de la autoridad responsable, de la patrulla, del policía, del Ministerio Público, del investigador, pueda ser auditada por grupos ciudadanos, con base, precisamente, no solamente en la aplicación que manda la denuncia, sino también en la forma en la cual esa información se usa, se procesa y se recolecta en los centros de llamadas.





Estoy convencido que en México existe la creatividad, el talento, el ingenio, la preparación, la capacidad de estudio y de desarrollo de herramientas sencillas, que utilicen esos dos elementos: La amplia red de teléfonos celulares que existe y, por otro lado, la disposición de los grupos de ciudadanos a verificar el cumplimiento de sus autoridades con base en mecanismos de software que nos permitan hacer este proceso de denuncias más transparente y más eficaz.





Es por eso que el llamado que hice en esa ocasión, hoy lo reitero. Estoy convencido de que se puede desarrollar esa aplicación y ese software de manera más o menos rápida, y también hago el compromiso para trabajar, en cuanto tengamos esa herramienta, directamente con el Gobierno o los gobiernos estatales y municipales que estén en disposición para poder pilotearlo y poder implementarlo tan pronto como sea posible.





Estoy convencido que es ésta y otras iniciativas que podemos desarrollar, un elemento adicional para poder acelerar nuestra lucha por la seguridad y para poder garantizar un mecanismo ciudadano de supervisión, de monitoreo que nos vaya aumentando la eficacia de nuestro sistema de prevención del delito y, eventualmente, de procuración de la justicia.





Amigas y amigos de los medios de comunicación, el próximo 2 de agosto se llevará a cabo una nueva sesión, la Vigésima Tercera Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.





En esta sesión vamos a abordar distintos temas, algunos de mucha relevancia, como son los avances en la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal, porque además de policías y ministerios públicos pasados por Control de Confianza, con mayor capacitación, mejor equipamiento, también se necesita procesos judiciales más transparentes, más ágiles, más eficaces, entonces daremos cuenta del avance de las entidades federativas al respecto.





También del avance en las evaluaciones de Control de Confianza, les hemos dado algunos datos recientemente, también lo ha hecho Óscar Vega, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero ahí lo vamos a discutir el avance, digamos, más reciente.





Y también buscaremos ahí el acuerdo de los integrantes del propio Consejo Nacional de Seguridad Pública para integrar, de manera permanente, a los cinco representantes de la sociedad civil como invitados a las sesiones del propio Consejo.





Ésta es una decisión muy importante, ya se ha visto en distintos ámbitos que cuando tenemos la participación comprometida, seria, responsable de distintos representantes de la sociedad civil, avanzamos más rápido. Así se ha visto en las mesas de trabajo en Todos Somos Juárez, y así se ha visto en distintas instancias de participación ciudadana con ciudadanos comprometidos con el tema de la seguridad.





El país necesita una participación activa y comprometida de la sociedad y tenemos que encontrar los mecanismos para que podamos garantizar esta participación de una manera eficaz, también en el seno del máximo órgano de coordinación en materia de seguridad pública, que es este Consejo Nacional.





Quiero reiterar simple y sencillamente que en el Gobierno Federal estaremos trabajando todos y cada uno de los días de esta Administración para lograr ese propósito de vivir en un México más seguro, más justo, más libre y más próspero.





Estoy atento a sus preguntas, muchas gracias.



(Inicia Sesión de Preguntas y Respuestas)





- Pregunta: Gracias. Buenos días.



Secretario, sobre este asunto de la Ley de Víctimas quería preguntarle si hay disposición del Gobierno Federal de retirar la controversia, si en lugar de eso se negocian ya los cambios, las observaciones que ustedes pidieron.





Y quería preguntarle: ¿Qué podría contestar a algunos diputados que en algún momento hablaron de un juicio político contra usted por desacato, por no cumplir con esta publicación de la Ley de Víctimas en el Diario Oficial?





- Secretario Alejandro Poiré: Lo primero que hay que decir es que la atención a víctimas es, ha sido y seguirá siendo una prioridad del Gobierno Federal. Tenemos que encontrar los mejores mecanismos para ello.





La Secretaría de Gobernación ha actuado, en todo momento, con estricto apego a nuestra Constitución y a la ley.





Las observaciones, el debate, digamos, sobre si la Secretaría de Gobernación actuó dentro de sus atribuciones o no se refiere, muy puntualmente, a si estábamos obligados o no a publicar la ley.





En la apreciación del Gobierno de la República, nosotros entregamos las observaciones al Congreso en la fecha que nos lo permite la Constitución, precisamente, para poder llegar a una solución en virtud de que el Congreso de la Unión tenía la alternativa de decir “recibimos las observaciones y vamos a trabajar sobre las observaciones para poder tener una ley lo antes posible”. Tomaron la decisión más bien de decir: “No, publica”.





Bueno, que decida la Suprema Corte de Justicia de la Nación si entregamos en tiempo y forma las observaciones correspondientes.





Y eso es lo que estará decidiendo la Suprema Corte de Justicia, nosotros seremos, como siempre, respetuosos de esa resolución.





Y eso simple y sencillamente se refiere a cuando existen diferencias de opinión sobre la interpretación de la Constitución.





Para nosotros es muy claro, la ley se puso a consideración del Ejecutivo el 1º de junio, eso nos daba 30 días para entregar las observaciones, entregamos las observaciones en tiempo y forma y, en virtud de eso, se tendría que haber hecho un cierto procedimiento legislativo.





Será la Suprema Corte de Justicia quien defina las bases de esa decisión y lo que procede respecto a la publicación o eventual análisis de esas observaciones.





- Pregunta: Es decir, ¿No se retira la controversia?





- Secretario Alejandro Poiré: Estoy explicando la parte, digamos, procedimental jurídica. Pero reitero, para nosotros lo más importante es contar con una buena ley de víctimas.





En esa medida es que estamos trabajando ya con los legisladores y con representantes de distintas organizaciones de la sociedad civil, para decir: En lo que se resuelve aquel asunto, vamos construyendo un instrumento que evite los problemas que nosotros identificamos, que evite que a las víctimas se les vaya a llevar a través de un Vía Crucis burocrático para ver si finalmente se les reconoce su estatus de víctima o no, para ver si eventualmente la Secretaría de Salud a nivel estatal reconoce lo que se dijo en una Comisión Ejecutiva a nivel nacional, para ver si eventualmente se les da el debido seguimiento a las investigaciones y que, por el contrario, tengamos gran eficacia real en la atención a las víctimas.





Ese es el objetivo y eso es en lo que vamos a estar trabajando sustantivamente con los legisladores y derivado de las discusiones que ahí tengamos, se tomarán las decisiones correspondientes.







- Pregunta: Preguntarle varias cosas.





Sobre este tema de la Ley de Víctimas, quizá preguntando de una manera distinta: ¿Están ustedes dispuestos a retirar la controversia constitucional siempre y cuando los legisladores estén o tengan un compromiso para analizar las observaciones que envió el Ejecutivo, esto por lo que toca a la Ley de Víctimas?





Sobre los temas que acaba de tratar, preguntarle: ¿Qué grado de avance tienen en materia de certificación estos C4 que usted está exhortando acelerar el paso para la aplicación de exámenes de Control de Confianza?





Y es evidente que para enero del próximo año que se cumple el plazo para que la totalidad de los policías estén certificados, por las cifras que se han ido mostrando periódicamente, no se podrá cumplir con esta meta.





En la próxima sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, ¿Qué exhorto va a hacer el Ejecutivo para terminar esta meta o, incluso, proponer sanciones jurídicas a los gobiernos que no cumplan con esta situación que ya está por ley?





Gracias.





- Secretario Alejandro Poiré: Tenemos que estar claros del objetivo que todos tenemos y creo que eso es lo central. El objetivo es que tengamos una Ley de Víctimas que funcione.





El Ejecutivo Federal ha actuado conforme a sus atribuciones para hacer llegar observaciones a una ley que nosotros veíamos claramente como un riesgo para las víctimas, claramente.





Ahora lo que tenemos que hacer es definir cómo queremos que esté nuestra Ley de Víctimas.





Cuando lleguemos a un acuerdo no solamente del contenido, sino del formato para procesar ese nuevo instrumento, se hará público, pero lo fundamental es contar con el instrumento, no puede haber caldo de pollo si no hay pollo. Tenemos que construir el instrumento y tenemos que estar de acuerdo en el contenido y ya una vez que estemos de acuerdo en el contenido vemos el procedimiento para lograrlo.





Es muy importante lo que dices del grado de avance en los C4, es parte; si te acuerdas, nosotros establecimos como una principal tarea la depuración de los cuerpos de seguridad desde los mandos superiores hasta los mandos medios, y todo el Consejo Nacional de Seguridad Pública estuvo de acuerdo.





Justamente los C4 son parte de estos mandos superiores, es indispensable; los C4 es uno de los elementos fundamentales, las Unidades Especializadas de Combate al Secuestro, por supuesto, que también es uno de los temas fundamentales, es parte de la Estrategia Nacional de Combate al Secuestro y daremos cuenta de ello en la propia sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.





Y sí es indispensable dos cosas: Yo diría que hay que reconocer el avance que ya se ha logrado y hay que reconocer a los estados que lo han hecho con mayor celeridad.





Y uno de los exhortos fundamentales que vamos a hacer y que ya lo hemos hecho, yo lo he estado hablando directamente con los gobiernos de los estados, y creo que hay un acuerdo y una preocupación compartida, es justamente el de empezar a depurar también a los que no han aprobado el Control de Confianza, porque así como tenemos un número muy importante de aprobados como resultado de ese propio examen, ya hay un número muy importante también de no aprobados.





Y en efecto, ya hay algunas entidades federativas que están acelerando el paso para depurar a esos elementos. Pero ese es el exhorto adicional que tenemos que hacer.





Reconociendo el avance, reconociendo que hemos dado cada vez más estímulo a ello, la tarea es acelerar lo más posible para alcanzar la meta, por un lado; y segundo, en lo que se alcanza la meta de la totalidad, no solamente certificar a los buenos, sino también depurar a los malos, creo que es una tarea indispensable.





- Pregunta: Buenos días, Secretario.





Varias preguntas: Quisiera insistir en el asunto de la Ley de Víctimas. Ayer la reunión que se tuvo entre los subsecretarios, los legisladores y las organizaciones civiles, el Subsecretario Rubén Fernández habló de un acuerdo político.





¿Nos puede decir en qué exactamente está pensando el Gobierno? ¿En que haya a la brevedad un Periodo Extraordinario de Sesiones, en que se aprueben de inmediato las modificaciones al Artículo 73 constitucional?





¿Qué es exactamente este acuerdo político al que está dispuesto a llegar el Gobierno, según las propias palabras del Subsecretario Fernández?





Y se lo pregunto también, porque el senador Tomás Torres dijo que no es tan fácil convocar a un Periodo Extraordinario y no sería ex profeso solamente para la Ley de Atención a Víctimas. Eso por un lado.





Mi segunda pregunta es: El Presidente Calderón se reunió ya con Enrique Peña Nieto ¿Ustedes ya iniciaron, aunque sea de manera informal, algunos trámites para la sucesión presidencial?





Y finalmente preguntarle: La Coalición Movimiento Progresista ha entregado a diversas dependencias del Gobierno Federal, incluso, a la propia Presidencia de la República, todas estas denuncias por el caso Monex.





Ha dicho esta coalición que si ustedes no actúan, en lo que presumen ellos lavado de dinero para financiar la campaña de Enrique Peña Nieto, estarían siendo cómplices; me gustaría conocer una postura del Gobierno Federal respecto a todas estas denuncias que han recibido sobre este caso.





Gracias.





- Secretario Alejandro Poiré: Como toda denuncia que se recibe en cualquier orden y ámbito de la vida de nuestro país, las autoridades competentes tienen que actuar conforme a la ley, y en su momento dar los resultados de las distintas investigaciones; y así estaremos actuando, como se ha actuado en todos los casos.





En efecto, como ya se informó, se llevó a cabo la reunión entre el Presidente de la República y el candidato que conforme al conteo distrital del Instituto Federal Electoral, resultó triunfador en la elección presidencial; y se ha dado justamente el espacio y el ámbito a las autoridades electorales para que, en el momento y en el caso de que emitan un fallo final respecto al contenido de la elección presidencial, se avance de manera expresa y conforme a lo que manda la ley específicamente en los trabajos de transición. Y así seguiremos trabajando.





Y de esto, independientemente de que, desde luego, el Secretario de Gobernación mantiene el contacto político con todos los distintos actores de nuestro país, de las distintas fuerzas políticas en todo momento, y esto ha sido antes, durante y después de la elección, y creo que es importante y saludable que así lo mantengamos.





El acuerdo político justamente es éste; el acuerdo político al que se refieren algunas de las versiones que se han divulgado, es precisamente la necesidad de tener un acuerdo sustantivo respecto al contenido de la Ley General de Víctimas, y una vez que tengamos ese acuerdo sustantivo, encontrar el mecanismo idóneo para poder avanzar lo más rápido posible a una Ley General de Víctimas que cuente con pleno respaldo constitucional.





Que nos garantice que el día de mañana no vamos a tener a una víctima indignada y frustrada porque ya hizo el trámite, ya le reconocieron su carácter de víctima, ya hizo todo un procedimiento y resulta que la persona que le pudiera o le debiera dar el servicio social en algún municipio de alguna entidad, dice: “¿Sabes qué? mi jefe me está diciendo que no, porque el municipio no está obligado por esa Ley General de Víctimas”.





Imagínense eso, imagínense ese procedimiento. Entonces tenemos que resolver esos temas sustantivos, y cuando tengamos una solución sustantiva, veremos cuál es el procedimiento legislativo correspondiente.





Nosotros sí hemos dicho es importante que para toda ley general, que le aplica no solamente al Gobierno Federal, sino a los estados y a los municipios, exista un fundamento constitucional; el propio Senado de la República así lo ha reconocido, y por eso es que hay una minuta en la Cámara de Diputados que establece esa atribución del Congreso de la República.





- Pregunta: ¿Pero el Congreso qué estaría buscando del Gobierno Federal, si nos pudiera precisar, el Periodo Extraordinario, modificaciones al 73, qué es exactamente lo que está buscando?





Y si derivado de estas peticiones que haga al Congreso de la Unión, ¿Entonces sí retiran la controversia? Pudiera ser más específico en eso.





- Secretario Alejandro Poiré: Lo que estamos buscando es una Ley General de Víctimas eficaz y que se cumpla, y estamos trabajando con los legisladores para encontrar el mejor mecanismo para ello.





- Pregunta: Secretario, buenos días.





No lo tenía previsto, pero tal vez quisiera regresar un poco a las preguntas de mis compañeros, porque la gente no entiende el punto, el meollo del conflicto, el por qué no se ha publicado la Ley General de Víctimas.





Quisiera que fuera puntual, o sea, para que la gente lo entienda, porque queda esa laguna.





Segundo. Sobre la aplicación de la denuncia, que ésta sea segura a través de telefonía celular y este llamado que usted hace a los desarrolladores, si nos pudiera decir: ¿Cuál ha sido la respuesta que ha obtenido? Porque regularmente los desarrolladores de software no participan en concursos si no hay algún incentivo.





No sé si el Gobierno Federal ha pensado esta posibilidad de que también haya un incentivo para los desarrolladores, para aquel que tenga el mecanismo más idóneo, porque finalmente si hay un apoyo muy precario para la ciencia y la tecnología en el país, ahora solicitar algo de uso común y abierto también en ocasiones ellos podrían comenzar a pensar estas situaciones de los derechos de autor, entonces pensar esa dimensión. ¿Lo han previsto?





Y sobre los avances que ha comentado respecto a esta situación de la depuración, quienes no aprueban el Control de Confianza; ya mencionó que se tiene que depurar también a esos elementos que no han aprobado el Control de Confianza.





¿Ya han pensado qué hacer con ellos, porque muy probablemente también sean personas que pudieran ser cooptados por el crimen organizado? Y no sólo eso, sino que además empiecen a difundir o sigan difundiendo las técnicas que ustedes tengan para desarrollar investigación o tratar de combatir al crimen.





Y por otra parte, dice que también van a hablar sobre los avances de la Reforma Penal federal, ahí preguntarle, porque hay quienes aseguran que no se han publicado ciertas reglas de operación, principalmente para los juicios orales y que no hay una homologación a nivel federal en ese aspecto.





El argumento es, ahí el argumento que están señalando algunos es que como faltan cuatro años para que entre en operación la Reforma Penal, no se han publicado esas reglas de operación, que ya llevan, algunos dicen, cuatro años de retraso.





Esto es justo también para la sociedad, porque finalmente estamos hablando de un todo y esto podría ser parte fundamental del combate al crimen organizado.





- Secretario Alejandro Poiré: Empiezo por esta última parte, nosotros tenemos un Secretariado Técnico que ayuda a los estados a implementar su Reforma de Justicia Penal, que les da subsidios para capacitación, que les da apoyos para desarrollar la legislación correspondiente e, incluso, se abrió un fondo de apoyo de deuda gratuita, vamos a decirlo así, para los estados por más de 12 mil millones de pesos, para que por ejemplo, si un estado necesitaba construir salas de audiencia y no tenía en su presupuesto el dinero para esa sala de audiencia, pudiera obtener este apoyo, este crédito y en ese crédito fuera gratuito el capital, son los que se llaman bonos de cupón cero o una deuda a fondo perdido.





Y lo único que tuviera que pagar el Estado serían los intereses de la deuda, es más, ni siquiera durante todo el año del 2012, sino a partir del año de 2013.





Y además, si el Estado no tenía todavía plenamente desarrollado su proyecto ejecutivo de la obra, el Gobierno Federal iba, y está financiando ya en algunos casos los proyectos ejecutivos.





Es decir, se han dado una serie de apoyos importantes para la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal, tan es así que hay algunos estados que ya van plenamente en su implementación: Nuevo León; Morelos, también con avances significativos; Baja California, Estado de México, entre otros.





Respecto a este tema de las reglas de operación, realmente no sé exactamente bien a qué te refieres, pero una cosa que nosotros sí hemos escuchado en algunos foros es que todavía no están los códigos.





A ver, el corazón del asunto, el corazón de la reforma tiene que ver con varias cosas.





Uno. Qué pasa una vez que empieza la investigación, cuál es la actuación de los investigadores, de los Ministerios Públicos y de los jueces. Eso está establecido en los Códigos de Procedimientos Penales.





Una parte fundamental de la reforma es la reforma a los Códigos de Procedimientos Penales federal y de los estados.





Una parte muy importante es justamente tener los Códigos de Procedimientos Penales. Ya existe desde hace varios años, desde que se implementó la reforma un Código de Procedimientos Penales modelo para los estados y esa es parte del trabajo que hace el Secretariado Técnico de la reforma, va y se sienta con el Procurador o el Fiscal del estado, con el gobernador del estado, con los legisladores del estado para decirles: “Oigan, aquí está un mapa de ruta, eh, no es que no exista un procedimiento para hacerlo, aquí está.”





Evidentemente también es cierto que algunos estados han dicho “me espero a que se apruebe el Código Federal de Procedimientos Penales”.





No, pues esa iniciativa del Código Federal de Procedimientos Penales ya está en el Congreso de la Unión, ya se ha estado debatiendo y ciertamente sería una de las tareas importantes.





Pero también hay que decirlo no necesitamos a fuerza que esté ya pasado el Código Federal de Procedimientos Penales para avanzar en la reforma en algunos estados y tan es así que algunos estados ya han hecho las reformas, varios; además de los que he mencionado hay otros que ya han implementado el cambio legal y eventualmente en unos meses empezará a implementarse ya en la práctica el nuevo Código Local.





Sí es muy importante el trabajo de depuración, es indispensable acelerarlo. Lo que no podemos permitir es que un servidor público, con una placa, una pistola o una patrulla, con autoridad policiaca, que ya identificamos que o tiene posiblemente algún vínculo con la delincuencia, de acuerdo a su examen de polígrafo o tiene un modo de vivir que no es consistente con su historia laboral y que de algún lado ilícito posiblemente obtuvo los ingresos que son notorios una vez que se hace la investigación, pues no podemos poner en manos de esas personas la seguridad pública.





Tenemos que separarlos de la fuerza policiaca y ese es un esfuerzo costoso, claro, pero tiene que ser un esfuerzo permanente. Y esa es una tarea que tenemos todavía pendiente. En algunas entidades se ha avanzado con celeridad, pero hay que apretar el paso.





Respecto al llamado de los desarrolladores, pues aquí lo más importante, y ya hemos tenido alguna respuesta, desde el día que hice la invitación ésta en Los Ángeles, ya hemos tenido algunas solicitudes, ya hemos tenido algunas propuestas, y creo que aquí lo fundamental y la mayor retribución de cualquier persona que se dedique a esto es la contribución a la seguridad pública de una localidad y el reconocimiento por haberlo hecho.





Creo que eso es lo esencial y, desde luego, vamos a ver los aspectos legales eventualmente de su implementación. Nosotros lo que estamos proponiendo es un compromiso firme del Gobierno Federal, específicamente de la Secretaría de Gobernación, de un servidor, para que si alguien desarrolla ese mecanismo pronto lo podamos implementar con algunos de los distintos municipios y estados que también están interesados en ello y derivado de eso contar con mejores herramientas y mejores mecanismos.





Creo que hay muchísimos mexicanos, muchísimos jóvenes emprendedores, muchísimos programadores, ingenieros, especialistas, académicos, estudiantes, que tienen la convicción y que comparten la convicción de todos de que tenemos que tener un país más seguro, más confiable en sus fuerzas de seguridad y con mayor capacidad para vigilar y controlar el uso de nuestra información y de nuestras denuncias.





A ellos, precisamente, a su convicción de que México por supuesto que puede y va a ser un país mejor y podemos acelerar el paso, es a quienes estamos apelando y con quienes nos estamos comprometiendo para ello.





¿Por qué no se ha publicado la Ley General de Víctimas? Porque como fue aprobada corría el riesgo de hacerle daño a las víctimas. Y de manera muy concreta, porque la Constitución establece que el Poder Ejecutivo tiene un plazo para que una vez que el Congreso aprueba la ley y se la manda, se le pueden entregar observaciones al Congreso, decirle: “Ya recibí tu ley, estamos de acuerdo en el propósito, nos preocupan mucho estos temas”. Nosotros entregamos esas observaciones en tiempo y forma, dentro del plazo que establece la Constitución.





A juicio de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, nosotros tendríamos que haber publicado; a nuestro juicio, nosotros incumpliríamos la Constitución si publicamos una ley a la cual nosotros le entregamos observaciones y el Congreso no procesó esas observaciones conforme a lo que establece la Constitución.





¿Qué dice la Constitución?





Que si tú entregas observaciones a una ley, lo tienen que revisar las comisiones y los plenos.





Yo he hablado del dilema técnico, lo publicaron, ¿no?, pero hay un tema jurídico: Nosotros estamos diciendo desde el punto de vista jurídico, la Constitución le da al Poder Ejecutivo esa participación en el proceso legislativo.





Nosotros actuamos dentro de la Constitución y de la ley. A juicio del Congreso de la Unión ese no es el caso: Para eso está la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y desde esa perspectiva están funcionando los poderes de la Unión.





¿Qué tenemos qué hacer?





Sentarnos y diseñar una ley de víctimas que atienda el propósito que todos tenemos, que es darle esa protección, ese respaldo, ese apoyo a las víctimas; pero garantizar que sea cierto que se les va a dar, evitar, insisto, una revictimización de las personas, que los haríamos pasar por un Vía Crucis burocrático y que no tendrían la certeza de que las autoridades de su estado o de su municipio, que son los que tienen la responsabilidad fundamental, por los delitos del fuero común, los atiendan.





Imagínense si eso no va a generar más frustración, más indignación y más angustia de parte de las víctimas que dicen: “Ya pasó la ley, ya está publicada”; “Pues sí, ¿pero qué crees? Que quien te iba a dar la beca, quien te iba a dar el apoyo psicológico, quien te iba a resarcir el daño dice que la ley no le aplica”.





Queremos evitar eso.





- Pregunta: De acuerdo con el libro escrito por uno de los líderes de la Familia Michoacana, hubo un intento de acordar una tregua con el Gobierno, ¿Esto es cierto?





Y en general, si en el sexenio hubo acercamiento de algunos cárteles para negociar con el Gobierno.





- Secretario Alejandro Poiré: El Gobierno de la República lo ha dicho con una gran claridad, no hay negociación, no habrá negociación; lo que existe es la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley.





Y quien ha cometido los delitos, tiene que ser juzgado por la comisión de esos delitos y tiene que ser llevado ante la justicia, y ese es el objetivo fundamental, precisamente, de construir una Estrategia Nacional de Seguridad, de llevar a los responsables de los delitos ante las autoridades judiciales, de hacerlos responsables ante ellos de estos delitos ante la sociedad, y de construir los instrumentos tanto de transformación institucional, como de reconstrucción del tejido social, que nos permitan vivir con mayores niveles de seguridad y con mayores niveles de tranquilidad.





- Pregunta: ¿Pero sí hubo acercamiento de parte de estas personas?





- Secretario Alejandro Poiré: Me imagino que a lo que se refieren éstas, como son otras expresiones de propaganda de distintos presuntos grupos delictivos, son incluso a mantas que ellos han publicado, qué sé yo.





Nosotros la verdad es que en todo momento, ante cualquier expresión de este tipo, se ha establecido, con una gran claridad, que vamos a cumplir y hacer cumplir la ley en todo momento.