Dijo que el Ejecutivo del Estado acatará la sentencia de la SCJN en torno a la indemnización por un predio de Tijuana
Mexicali, B.C. viernes 26 de octubre de 2012.- La Junta de Coordinación Política (JCP) de la Vigésima Legislatura, que preside el Diputado Rubén Alanís Quintero, recibió ayer al Secretario General de Gobierno, Francisco García Burgos, en el marco de la Glosa del Quinto Informe de Gobierno.
Los Diputados Julio Felipe García Muñoz, Gregorio Carranza Hernández y Claudia Agatón Muñiz, en su calidad de integrantes de la JCP, fueron los anfitriones del funcionario estatal quien protestó ante la Mesa Directiva conducirse con verdad en sus respuestas, tras de lo cual hizo una amplia exposición de las actividades realizadas por la Secretaría a su cargo en el presente ejercicio fiscal.
En la primera ronda de preguntas, el funcionario fue cuestionado por el rezago de más de cien mil casos pendientes de resolver bajo el Nuevo Sistema de Justicia (NSJ), a lo cual respondió que en realidad son 114 mil, pero aseguró que la cifra de pendientes es tan sólo de 20 mil casos, pues los restantes se resolvieron de diferente manera, ya sea por acuerdos alcanzados entre las partes o bien que se cumplieron los tiempos que marca la Ley para que expiren.
También se le hizo notar que muchos asuntos ventilados bajo el NSJ no prosperan debido a la falta de capacitación para los agentes policíacos, desde los municipales, lo cual fue aceptado por el compareciente quien respondió que la etapa de capacitación comenzó tarde, pero agregó que por esa razón ya se trabaja en ese sentido en Ensenada, para que cuando entre en vigor en aquella latitud, no se repitan los errores.
En torno al tema jurídico se le preguntó al titular de la Secretaría de Gobierno la posición del Poder Ejecutivo en torno a la demanda enderezada en contra de la Administración Estatal por un predio ubicado en Tijuana, cuyo presunto propietario reclama una indemnización por un monto de 580 millones de pesos.
Al respecto, el funcionario aseguró que el Gobernador del Estado acatará la sentencia que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues el predio ubicado en la zona conocida como El Monumento, se encuentra en disputa y será el máximo tribunal del país el que decida esa situación.
