Por efectos de la recesión económica y los estrictos
controles de la ley antilavado de dinero, se agudizó que la industria de la
Construcción viene arrastrando desde el 2013 al grado de que más del 40 por
ciento de las empresas afiliadas a la Cámara Nacional de la Industria de la
Construcción han tenido que cerrar provocando la pérdida de más de 100 mil
empleos en Baja California.
Víctor Manuel Escobar Sánchez, vicepresidente de la Cámara
Nacional de la Industria de la Construcción, afirmó que actualmente las
empresas constructoras sobreviven gracias a que se han tenido que recortar las
jornadas laborales a tres o cuatro días de trabajo para los cerca de 300 mil
empleados que aún prevalecen en la industria, o en algunos casos, suspendiendo
labores una o dos semanas.
Es decir, de los 7 días a la semana, solamente trabajan 4 o
3, y los otros días tienen que buscar otra actividad económica, para poder
subsistir, precisó.
Según Escobar Sánchez, uno de los factores que agudizó la
crisis de la industria de la Construcción son los controles impuestos en la ley
antilavado de dinero que restringe el flujo de efectivo, la otra son las
fuertes pérdidas que resienten empresas desarrolladoras de vivienda, ante el
abandono de más de 100 mil unidades habitacionales, que representa una
inversión multimillonaria a lo largo de un periodo de 10 años.
Comparativamente en el 2014 se proyecta la construcción de
10 mil unidades habitacionales, con esa proyección estamos hablando de que las
100 mil viviendas abandonadas representan diez años de trabajo. Las pérdidas
han sido letales para las empresas constructoras, afirmó.
Reconoció que los planes de la SEDATU y el Instituto de la
Vivienda de Baja California, para invertir cerca de 700 millones de pesos en
créditos de vivienda popular para la adquisición de vivienda nueva o usada en
Baja California, viene a aliviar un poco, pero no resuelve de fondo la crisis
de la industria de la construcción.
Para Escobar Sánchez, se requiere en forma urgente que el
gobierno federal y el estatal, detonen los proyectos de infraestructura que se
requieren para el estado de Baja California.
