**La Ley de Servicio Civil la Pactó
con el Gobierno del Estado a cambio de favores políticos y de sus propios
intereses
**En pie de lucha los trabajadores
sindicalizados que no están de acuerdo con que se pisoteen sus derechos
Mexicali.-Con serias sospechas
de haberse “amarrado” con el Gobierno del Estado para salvaguardar sus
propios intereses, la líder estatal del
Sindicato de Burócratas, Victoria Bentley Duarte,
arribará al Congreso del Estado este martes a la mesa
plural y abierta para discutir la
Ley de Servicio Civil, terreno que
quería evitar a toda costa, para no enfrentarse
a los trabajadores que ella misma representa.
Bentley en menos de dos semanas
echó por la borda el incipiente capital
político que tenía tras haberse
alzado con el triunfo que la llevó a
tener la dirigencia estatal. Las negociaciones “En lo oscurito” con el Gobierno
del Estado, pactadas con Rubén Armenta, Sub Secretario de Enlace
Legislativo del Gobierno de Francisco
Vega de Lamadrid, la pusieron de inmediato en evidencia”.
Intolerante en su interlocución con quienes le cuestionan que aún no debe dictaminarse la mencionada
ley por el motivo de que la desconocen
la inmensa mayoría de los trabajadores, responde iracunda diciendo que
los partidos políticos han tomado
como rehenes a los trabajadores para
ponerlos en su contra.
Cuando la verdad, el trasfondo
es que esta ley la negoció con el
Gobierno de Francisco Vega de Lamadrid,
como pagó a los 150 millones de
pesos que se le inyectó a su campaña a cambio de una ley que no es nada bondadosa con los
trabajadores sindicales de base, ella lo sabe perfectamente y no puede engañar a una base sindical que le
podría hacer pagar caro su osadía de pretender venderlos ante el Gobierno del Estado.
Los que conocen a la
perfección el sistema de contratos, prestaciones
y obligaciones de los
trabajadores sindicales, saben que la
nueva ley que se pretende aprobar, tiene
como principal objetivo un ahorro de
miles de millones de pesos al gobierno estatal y dejar en desventaja a la clase
trabajadora.
Además es una puerta de entrada para reformar la ley
de servicios médicos del Gobierno del Estado que será atentatoria para los trabajadores de base y de confianza,
pues prácticamente los deja en la indefensión.
Todo indica que Victoria Bentley cobró
miles de pesos por adelantado de ahí su urgencia porque antes de Semana
Santa se aprobara esta ley a fin de que no hiciera ruido pues la mayoría de la
burocracia se encuentra de vacaciones:
ESTE ES EL PAQUETE QUE
NEGOCIO BENTLEY A ESPALDAS DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS.
**Se
cambia la denominación de la Ley con el fin de excluir a las instituciones
descentralizadas, las cuales, a partir de la aprobación de la Ley, se regirán
por la Ley Federal del Trabajo.
**La aplicación de la Ley excluye a todos los servidores públicos de
las instituciones policiales.
** Se mantiene la clasificación de trabajadores de confianza y de base pero,
se “diversifica” las modalidades de acuerdo a: a) La duración de la relación
laboral (definitivo, interino profesional, por tiempo determinado, por obra
determinada) y por la b) La naturaleza de su función.
** Se crea un Catálogo mínimo de Puestos de trabajadores de confianza y un
Tabulador Anual de Remuneraciones. El artículo 6º de la propuesta, equipara los
puestos de primer y segundo nivel del Poder Ejecutivo, judicial y de los
Ayuntamientos, es decir, Secretarios, Subsecretarios, Directores y
Subdirectores de los Poderes del Estado y los municipios, con puestos de jefes
de departamentos, coordinadores de área, analistas especializados, cajeros,
pagadores, personal técnico de informática, personal de contraloría, así como
todo tipo de secretarios de acuerdos, canalizadores, actuarios y notificadores.
** En el caso de los Municipios además de los anteriores se incluye como
trabajadores de confianza a secretarias, personal adscrito a los servidores de
elección popular y a la sindicatura. Esta clasificación de personal de confianza
se base según la iniciativa, en la naturaleza de su función. Poniendo en
igualdad de condiciones al Secretario General de Gobierno, al Secretario de
salud, de Desarrollo Económico entre otros, con analistas especializados,
cajeros y pagadores, cuando de ninguna manera se puede equiparar su puesto,
sueldo y responsabilidad, así como tampoco, sus condiciones de trabajo, pues
mientras los primeros reciben como prestación un servicio médico gastos mayores
de atención de primera en el Hospital al mater, los segundos reciben como
prestación, atención en ISSSTECALI. Con ello pretenden tratar de manera igual a
los desiguales.
5.- Los Magistrados del Poder Judicial del Estado tiene mejor derecho a la
inamovilidad que los trabajadores de base. Se reforma el artículo 8º de la Ley
para señalar que los trabajadores de base son aquellos no incluidos en el
catálogo de puestos de confianza, los cuales serán “inamovibles” adquiriendo el
derecho a la estabilidad laboral “salvo que por disposición legal especial deban
sujetarse a un sistema escalafonario diverso.” Entonces la estabilidad laboral
estará sujeta al sistema escalafonario que la autoridad determine de manera
unilateral y enteramente discrecional. Lo que significa que el derecho a la
inamovilidad para los trabajadores de base tiene una condición, mientras que el
derecho a la inamovilidad de los Magistrados del Poder Judicial del Estado de
Baja California no está sujeto a una condición escalafonaria sino de eficiencia
en sus funciones.
6.-
Se crea un capítulo de supresión de empleos públicos. Con fundamento en la
facultad constitucional del Poder Legislativo de supresión de empleos públicos,
establecida en el artículo 27, fracción V, se pretende establecer “supresión de
empleos de base, según lo exijan las necesidades de la Administración y
teniendo en cuenta las condiciones de La Hacienda Pública”. La referida
facultad, fue creada con la finalidad de suprimir empleos públicos de alto
rango, es decir de servidores públicos de primer nivel y de ninguna manera para
eliminar plazas de trabajadores de base, como hoy pretenden utilizarla. La
iniciativa establece incluso que el pago por supresión de empleos públicos
consistirá en el pago de tres meses de salario más veinte días de salario por
cada año de servicios prestados a proporción. Mientras que los trabajadores de
confianza no tendrán derecho a indemnización alguna.
