* Se incrementó la impunidad en Mexicali: Abogados
* En cuatro años, solamente 93 juicios orales
* Nuevo Sistema, viejos vicios
* Profesionalización de policías, la asignatura pendiente
TIJUANA.- En la sala del Tribulal de Rio Nuevo en la capital del estado, un presunto criminal, acusado de violación a una menor de 14 años, ha recibido el beneficio de una sentencia mínima de un año en prisión. En 3 meses podrá recobrar la libertad anticipada por beneficios de preliberación considerados en la ley.
Es una resolución legal, pero injusta para la víctima y sus familiares, que dejan la audiencia con una sensación de indefensión, y desamparo.
Son las reglas del nuevo justicia penal, que en cuatro años de aplicación en Mexicali, han servido únicamente para fomentar la impunidad y dejar en estado de indefensión a las víctimas de delito, sintetiza el presidente de la Federación de Colegios y Barras de Abogados, Carlos Mejía López.
En estos cuatro años en Mexicali, el único resultado que hemos visto es que “más del 50 por ciento de los delincuentes han salido libres por fallas en la implementación del Nuevo Sistema”, sostiene.
Los grandes avances que se nos ofrecieron con la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal no se han visto reflejados en beneficio de la sociedad, y lo único que hemos visto es la creciente incidencia delictiva, pues los delincuentes han tenido muchas ventajas para evadir su responsabilidad”, resume Mejía López.
Una de las consecuencias inmediatas de la impunidad se ha visto reflejada en un incremento de los delitos, especialmente en lo referente a los robos con violencia, que registran aumentos de hasta un 300 por ciento, sostuvo.
Nuevo Sistema, Viejos Vicios
En junio de 2008 se publicó la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia, que dio origen a lo que se conoce como el nuevo sistema de justicia penal.
Uno de los criterios torales de la reforma es la búsqueda de la verdad, en los acontecimientos ocurridos, como la condición para la impartición de la justicia penal.
Según la exposición de motivos de la Reforma, se trata de pasar de un sistema en el que el indiciado tiene que demostrar que no es culpable, a otro en el que se afirma el principio de inocencia, hasta que se demuestre lo contrario.
La reforma también busca la transformación del Ministerio Público para poder llegar a ser una fiscalía que basa la carga de la prueba en elementos objetivos y técnicos y faculta a la policía ministerial y policías municipales para hacer las primeras investigaciones y la responsabiliza de su participación con métodos técnicos y científicos para investigar los delitos.
La reforma introduce los juicios orales como verdadera transformación estructural en la impartición de justicia, pues se basa en un principio de contradicción y adversatorio, en donde el Ministerio Público tiene que demostrar con argumentos y pruebas técnicas, las pruebas suficientes para condenar a un presunto delincuente. La defensa puede a su vez contrargumentar y ofrecer las pruebas que considere pertinentes.
Para José Luis Whape Rodríguez, Secretario del Observatorio Ciudadano de Baja California, la justicia tradicional, era una tremenda fábrica de culpables. La tesis fundamental era, agarralos, empapelalos, y allá que lo suelte el juez. El magistrado lo venia soltando al indiciado después de tres años, y le echaban a perder la vida a la gente.
Por ello, sostiene, uno de los avances fundamentales es la presunción de inocencia del indiciado. Sólo podrá ser considerado culpable, hasta que la autoridad investigadora lo demuestre con pruebas contundentes.
Esa es la base del nuevo sistema, añade.
Recuerda que anteriormente, en la Justicia Tradicional, las corporaciones policiacas, principalmente los Agentes de la Policía Ministerial, recurrían a acciones de coacción violenta e incluso hasta la tortura, para obligar a los indiciados a autoincriminarse.
Esa es la parte fundamental para avanzar hacia una verdadera impartición de justicia, en donde verdaderamente tengamos una policía agentes del ministerio público preparados con técnicas modernas para ofrecer pruebas que demuestren la culpabilidad de los indiciados, sostiene.
Reconoce, que este es un tema que hay que apuntalar. En la medida en que se logre tener mejores policías investigadoras, es la clave para el éxito del sistema, añade Whape Rodríguez.
Sin embargo, Baja California está muy lejos de cumplir con ese ideal de una policía técnica y profesionalmente preparada.
De acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad Pública, el estado de Baja California todavía no ha cumplido con las metas de control y confianza de las corporaciones policiacas, considerando hasta mediados del 2014, avances de solo un 59 por ciento en la Policía Ministerial, 94% en la Policía Municipal de Mexicali, 72 por ciento en Tijuana, 68 por Ciento en Ensenada, 42 por ciento en Tecate, y solo un 36 por ciento en Rosarito.
De los más de 6 mil agentes que conforman la fuerza pública en Baja California, solamente alrededor de 3 mil 500 han sido debidamente certificados, de acuerdo con reportes de la SSPBC.
El Doctor Hugo Cervantes, exdirector de Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, más allá de las pruebas de confianza, el gran problema que se suma ahora, es la falta de preparación técnica de las corporaciones.
Cerca del 80 por ciento de la fuerza pública en Baja California, proviene de un sistema tradicional, muchos de los cuales tienen problemas de analfabetismo funcional, y carecen de preparación para cumplir con los requerimientos del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
En el nuevo sistema, el trabajo puntual de criminólogos y peritos, es básico para la impartición de justicia, el conocimiento de los agentes de Policía es básico para las cadenas de custodia, el acopio y preservación de pruebas periciales.
Un peritaje mal hecho, o una escena del crimen contaminada, puede tener como resultado la impunidad de un delincuente, destaca.
El nuevo sistema implica cambios de fondo.
El problema fundamental es en la mentalidad de todo el personal que trabaja en seguridad pública, policíase investigadores, no ha cambiado. No se ha trabajado en ese sentido,
Es en este punto, en donde el nuevo Sistema le da más ventajas al criminal. No tenemos una policía profesionalmente preparada para reunir todos los elementos de probanza., que se requieren al momento de enfrentar un juicio, observa.
Incapacidad e improvisación factor de impunidad
Las reformas constitucionales, dieron origen a un nuevo código de procedimientos penales que establecen y norman las distintas etapas del proceso, luego de que se consigna a un juez, el Número Único de Caso (Nuc).
La figura de los procesos abreviados, constituye una instancia intermedia, en donde se faculta a la fiscalía estatal, a establecer acuerdos de mediación, antes de llegar a la instancia del juicio oral.
Con el nuevo Sistema , “Se prostituyò la figura de los juicios abrevados”, que permite a los indiciados obtener beneficios de conmutación de pena, a cambio de una confesión de culpabilidad, define el presidente de la Asociaciòn de Abogados penalistas de Mexicali, Pedro Mendìvil Garcìa.
“El Estado, ha renunciado a sus facultades punitivas, a cambio de acuerdos de intermediación que favorecen la impunidad de delincuentes, y agravian doblemente a las víctimas, pues la reparación del daño, con frecuencia es lo último que importa a los operadores del Sistema, la Procuradurìa de Justicia, y los jueces del poder judicial”, señala.
Resalta que desde el inicio del Nuevo Sistema de Justicia Penal, en agosto del 2010, los operadores del sistema, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, y los jueces del Poder Judicial del Estado, han abusado de esta figura que constituye una instancia intermedia, antes del juicio oral.
Las estadísticas muestran como de los más de 45 mil NUC que se registran anualmente (Número Único de Caso, término con el que se rebautizó las antiguas Averiguaciones Previas), solamente 93 han llegado a la etapa de juicio oral.
De estos, solamente el 69 por ciento de los casos, ha concluido con sentencias condenatorias, 9 por ciento han sido resueltos con sentencia absolutoria, y 8 por ciento han sido sobreseídos.
El resto de los NUC, se ha resuelto por en la etapa de los juicios abreviados, esto sin contar, los más de 50 mil RACS (Registro de Acta Circunstanciada), que no son consignados ante un juez, y que son enviados directamente a una vía de conciliación alternativa.
En la mayoría de los casos, la autoridad investigadora, renuncia al ejercicio de sus facultades punitivas, debido a su incapacidad para la integración de pruebas, señala.
Esto ha provocado que más delincuentes, obtengan su libertad y no se les aplique ninguna pena, observa.
Reconoce que con la llegada de la nueva administración gubernamental, la Procuraduría de Justicia encabezada por Perla del Socorro Ibarra, se ha preocupado por revertir la tendencia y promover una mayor cantidad de casos judicializados, pero la tendencia sigue siendo al abuso de los juicios abreviados, añade.
Una de las razones, es la improvisación de los agentes del ministerio público, y los jueces, muchos de los cuales no entienden cómo funciona el sistema.
Relata que en algunos casos, se ha llegado al extremo de que se posponen indefinidamente audiencias, por cambios constantes de abogados defensores, del acusado.
Explica que el Código establece, que en la etapa de audiencia intermedia, no podrá posponerse ninguna audiencia, en más de una ocasión.
“Yo asistí a un caso, en donde, el abogado defensor, solicita una prórroga, porque el indiciado no había llegado. En automático el juez le concede la prórroga, sin mediar ninguna argumentación que sustente la petición. Cuando por fin llega el inculpado, la defensa inmediatamente solicita diferir la audiencia, con el argumento de que apenas había sido nombrada para el caso.
Un mes después, el inculpado apareció con un nuevo abogado, que esgrimió el mismo argumento, y volvió a evadir el juicio hasta cinco ocasiones.
En otros casos, el juez determina la suspensión del proceso, bastando solamente el ofrecimiento de reparar daños, en caso de delitos de tipo culposo.
Tuve el caso de un boxeador que fue gravemente lesionado en una riña en donde fue agredido a machetazos. Al abrir el juicio, el juez preguntó si tenía la intención de llegar a un acuerdo para reparar los daños, el inculpado dijo que sí, y con eso bastó para que se declarara la suspensión del proceso, sin siquiera establecer un monto de indemnización, o medios de caución o forma de reparación del daño.
El boxeador estuvo perdió la pelea en la que iba a ganar tres mil dólares, estuvo además cerca de un año sin volver a pelear, y nunca pudo recuperar un solo centavo.
El juez declaró el asunto como cosa juzgada.
Insuficiencia de pruebas
De acuerdo a estadísticas de la Procuraduría General de justicia del Estado, anualmente se presentan entre 90 a 100 mil, Registros de Actas Circunstanciadas, que consisten en la descripción de hechos que posiblemente constituyan un delito.
Cerca del 50 por ciento de estos casos se envían justicia alternativa. Mientras que un elevado porcentaje se desecha por falta de pruebas.
Mucha inversión, pocos resultados
En opinión del presidente de la Federación de Colegios y Barras de Abogados, Carlos Mejía López, lo peor del Nuevo Sistema de Justicia Penal, son los cerca de mil millones de pesos que se han invertido en cuatro años, tanto en infraestructura, como en capacitación, que no se reflejan en un verdadero avance en la impartición de justicia en Baja California.
Los 93 juicios en cuatro años, son una prueba de ello, sostiene.
La inconformidad social de los mexicalenses, va creciendo.
Y lo más grave, añade, es que “está atorada la implementación del nuevo sistema, por falta de recursos”.
Recuerda que originalmente el calendario para la implementación del Nuevo Justicia, era en el 2012 para Ensenada y el 2013 para la zona Costa.
Durante una reciente reunión con integrantes de la Federación de Colegios y Barras de Abogados, el diputado Juan Manuel Molina, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, reconoció que el gobierno del Estado, no tiene recursos para realizar las millonarias inversiones que se requiere la implementación del sistema en el resto del Estado.
Por esa razón, la Comisión Interdisciplinaria acordó diferir hasta el 2016, la implementación del Nuevo Sistema de justicia Penal.
Y si no se pudo cumplir con la meta de implementar el sistema en los plazos previstos en los últimos cuatro años, difícilmente se va a poder hacer en el 2016, a menos de que se pretenda hacer como en Mexicali, en forma improvisada, con lo que únicamente se estará alentando la impunidad, señaló.
Lo que no se puede medir, no se puede mejorar
Pedro Whabe, Secretario del Observatorio Ciudadano de Baja California, reconoce que hay fallas en la implementación del sistema, pero considera un error pretender que se trate de frenar su implementación.
Uno de los problemas es que la autoridad estatal y del poder judicial, no han implementado indicadores de gestión que permitan visualizar los avances, y el resultado social de la inversión en materia de justicia.
Es ciertamente un grave problema, el que el gobierno del estado diga que no se tiene lana para el sistema.
Como ya lo hemos demostrado en otras ocasiones, si hay dinero, pero lo que pasa es que está mal distribuida, y en la mayoría de las ocasiones se ejerce sin transparencia.
Especialmente en el área de Procuración de Justicia, se debe reorientar el presupuesto al ramo de justicia. Es tiempo de pedirles que nos presenten un plan de trabajo y nos presenten informes, con base a indicadores de resultados que permitan medir si hay proporción entre los recursos destinados al sistema y los beneficios que ha recibido la sociedad, añade.
