César Moreno realizó
negociaciones ilícitas, afirman
Acusan a Síndico y regidores de
recibir sobornos con dinero en efectico y en especie
Denuncian operaciones simuladas
para favorecer a TecMed
TECATE.-Representantes de organismos
de la sociedad civil presentaron una
denuncia penal contra el alcalde César
Moreno González de Castilla, el Síndico Procurador Daniel de León Ramos, los
regidores y cuando menos cinco funcionarios de primer nivel del XXI Ayuntamiento de Tecate quienes fueron
acusados formalmente por los delitos de coalición de Servidores Públicos,
Cohecho y Negociaciones ilícitas, para privatizar ilegalmente el servicio de
recolección de basura mediante un contrato de Asociación Público Privado
otorgado a la empresa “Técnicas
Medio Ambientales de México, S.A.
de C.V”.
En la denuncia penal registrada bajo el número de averiguación previa número 2096/15/208/AP,
ante la Agencia del Ministerio Público del Municipio de Tecate, Eusebio Luevano
Zazueta, representante de diversas organizaciones sociales que impulsan un “Tecate
Libre de corrupción”, solicita además se investigue un posible desvío de
recursos de las arcas municipales, para financiar ilegalmente a la empresa,
mejor conocida como Tec-Med, utilizando fondos que originalmente se destinarían
a rubros como salud y obras públicas.
Luevano Zazueta, acusa a Moreno
González de Castilla y sus colaboradores, de “una simulación de actos para
crear una asociación público privada que no tuvo convocatoria real”.
Denuncia también que Moreno
González de Castilla, así como sus principales colaboradores, el Síndico Daniel
de León Ramos y los regidores del XXI Ayuntamiento, “recibieron fuertes
sobornos en efectivo y en especie” para “favorecer ilícitamente a la empresa
Tec-Med”.
César Rafael González y la
Coalición de Servidores Públicos
En la denuncia Luevano Zapata,
pide al Ministerio Público intervenir para ordenar que se cancele el contrato
de Asociación Público Privada otorgado a TecMed, se restituya el daño
patrimonial causado a los tecatenses, y se impongan las sanciones penales que
correspondan “al Presidente Municipal Cesar Rafael González de Castilla, más
conocido como Cesar Moreno González de Castilla, al Síndico Procurador Daniel
de León Ramos, a los regidores Araceli Mora Díaz, Marina Manuela Calderón
Guillen, Abel Rivera González, Alfonso Garibay Navarro, Víctor Enrique González
Herrera, Waldo Jesús Castro Félix, al Secretario del Ayuntamiento Francisco
Javier Palacio Manjarrez, al Oficial Mayor Víctor Amaya Gallegos y al ex
Director de Obras y Servicios Abel Basilio Montiel”.
Borracheras y comidas exóticas
Denuncia que el alcalde, sus
colaboradores, el Síndico Daniel de León y los regidores del XXI Ayuntamiento
fueron sobornados con dádivas en especie, como
pasajes aéreos, alojamiento en hoteles de cinco estrellas, consumo de alimentos
exóticos y bebidas alcohólicas entre otras, “sin descartar las cantidades de
dinero en efectivo a fin de su propio beneficio o de terceras personas”.
Las negociaciones ilícitas
En la denuncia , Luevano Zazueta,
afirma que desde su origen se trata de “Negociaciones Ilícitas”, las que relizó
César González y colaboradores, pues, de acuerdo con la constitución del estado
de Baja California, la ley de régimen municipal, los reglamentos municipales y
las leyes en la materia, señalan que “la corresponde a las autoridades
municipales la prestación de los servicios básicos como la recolección de
basura, y solo bajo condiciones extremas que impidan a las autoridades
municipales prestar el servicio, podrán autorizarse concesiones a particulares”.
En este caso, “no se acredita la
imposibilidad del gobierno municipal, ni técnica ni financiera, para prestar el
servicio de recolección, pues La Dirección de Obras y Servicios Públicos cuenta
con un departamento de limpia, equipo y personal suficiente, que continúa en
funciones en el XXI Ayuntamiento de Tecate”, señala Luevano Zazueta.
Operaciones simuladas
Destaca que el alcalde Moreno González
de Castilla, el Síndico de León, los regidores y los principales funcionarios
de primer nivel, se dedicaron a “simular operaciones para favorecer a TecMed”.
Relata que el 12 de junio de
2014, la sesión ordinaria número 13, en la que el Cabildo creo una Comisión
especial de evaluación en materia de servicio público de recolección de
residuos sólidos municipales, quedando integrada por los ediles Alfonzo Garibay
Navarro como coordinador Bárbara Alicia Rivera Barrones como secretaria, Araceli Mora Díaz, María de
Jesús Zarate y Víctor Enrique González Herrera en calidad de vocales y Daniel
de León Ramos como comisario, aprobándose sus reglas de operación , teniendo
como finalidad este órgano dictaminar en base a aspectos técnicos, financieros
y jurídicos para emitir o no declaratoria de imposibilidad del Ayuntamiento
para prestar eficientizar el servicio
público de recolección de residuos sólidos municipales.
Posteriormente con fecha 24 de septiembre de
2014 el Ayuntamiento de la Ciudad por mayoría de votos aprobó el dictamen
emitido por la comisión dictaminadora, que en su parte medular “declara la
imposibilidad para prestar este servicio público” y autoriza “crear un órgano
colegiado encargo de autorizar, validar y vigilar procedimientos de planeación,
elaboración y estructuración de proyecto de asociación publico privada –APP-“
En la denuncia penal, Luevano subraya
que esta declaratoria formulada por dicha comisión dictaminadora, “carece de validez
legal, pues carece de sustento técnico al no existir un estudio o peritaje que
avale técnicamente la existencia de un problema en relación a la prestación de
un servicio que por ley está a cargo de la autoridad municipal, o la
imposibilidad del gobierno municipal para Implementar Programas para el
cumplimiento de servicios a que está obligado por ley”.
La declaración carece de estudios
técnicos que identifiquen una problemática del municipio para la prestación de
este servicio, así como la causa que origina dicha problemática, como pudiera
ser causa derivada de carácter financiero, evaluar las posibles soluciones para
cumplir con eficiencia el servicio en beneficio de la ciudadanía”, señala la
denuncia.
Añade, que la “comisión
dictaminadora”, simuló haber sesionado, y solamente realizó una sesión privada,
en donde, se les ordenó suscribir un documento que de antemano tenía la
intención de favorecer a TecMed.
Asignación ilegal de contrato de
APP sin convocatoria ni licitación pública
La denuncia penal contra Moreno y
Compañía, señala que el día 2 de Enero de 2015 la ciudadanía del Tecate observó
que comenzaron a circular sorpresivamente por el bulevar Nuevo León de esta
ciudad, camiones marca Kenworth, de reciente modelo, equipados con caja
compactadora de residuos sólidos, mismos que portaban los logotipos de la
empresa TEC MED y del XXI Ayuntamiento de Tecate y la leyenda “Por una ciudad
realmente limpia” y “línea ciudadana 072”, esto sin mediar permiso, licencia o
autorización alguna de parte del Ayuntamiento de Tecate.
Desde ese día, el presidente
municipal César Rafael declaró que es oficial que la mencionada empresa fue la
ganadora para celebrar el contrato con la autoridad municipal, otorgándosele
concesión para la recolección de la basura, tal como se encuentra documentado
en diversos medios de comunicación.
En su denuncia, Luevano acusa al presidente
municipal “Cesar Rafael González de Castilla, alias César Moreno González de Castilla”, de haber
simulado una licitación que tampoco existió, pues menciona que solamente dos
empresas del mismo corporativo fueron consideradas, para evitar que
participaran otros interesados.
Sin embargo, para que sea válida
legalmente, todo contrato de concesión debe ser autorizado en sesión pública de
Cabildo, en la cual se exhiban y se aprueben las características del contrato
correspondiente, los costos y volumen de las operaciones, detalles y
características de la licitación pública, y antecedentes de la empresa ganadora,
señala la denuncia.
Dicha sesión de Cabildo, nunca
existió, y por lo tanto todo contrato es ilegal de origen, añade la denuncia.
Agrega que esto representa un
daño patrimonial para el municipio de Tecate, pues al beneficiar económicamente
a esta empresa se están desviando recursos públicos que podrían ser utilizados
en otros rubros primordiales para la población como asistencia social, obras
comunitarias y salud.
La denuncia concluye con una
petición a las autoridades encargadas de la Procuración de Justicia, para que
se ordene al municipio cancelar la concesión, se repare el daño patrimonial
causado al ayuntamiento y se impongan las penas que correspondan por los
delitos de coalición de funcionarios públicos, cohecho y negociaciones
ilícitas.
