-Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California reitera su llamado a la solidaridad y a que se respete el derecho a la igualdad
Tijuana.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) habilitó sus nueve oficinas distribuidas en los cinco municipios del Estado como centros de acopio en apoyo a las personas en contexto de migración.
La Ombudsperson de Baja California, Melba Adriana Olvera Rodríguez, informó que se requieren prioritariamente artículos como toallas de baño, cobijas, casas de campaña, pañales, toallas húmedas, ropa interior de todas las tallas, entre otros artículos, y agregó que las direcciones de la Defensoría pueden ser consultadas en la página www.derechoshumanosbc.
Asimismo, Olvera Rodríguez reiteró su llamado a la solidaridad, el respeto, la tolerancia, el multiculturalismo y a que se respete el derecho a la igualdad a la vez que llamó a las autoridades estatales y municipales a emprender las acciones necesarias para garantizar la seguridad y el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes que se encuentran en la entidad. Lo anterior, con base a las medidas cautelares emitidas por la Defensoría el 11 de noviembre de 2018.
De igual manera, reconoció la labor altruista de las organizaciones de la sociedad y el apoyo solidario de la ciudadanía bajacaliforniana que ha brindado atención a las personas de la Caravana Migrante.
La Titilar de la Defensoría informó que sostuvo una reunión en la sede del Proyecto Salesiano en la que participaron el Subsecretario Federal del Trabajo, Fernando Maldonado; el Secretario Estatal del Trabajo, Francisco Iribe Paniagua; el Quinto Visitador General de la CNDH, Edgar Corzo; y el Delegado Federal del Trabajo, Víctor Meza, para abordar la realización de una feria de empleo para personas en contexto de migración mexicanas y extranjeras.
Por otro lado, la Presidenta de la CEDHBC informó que la Defensoría abrió el expediente 4666/18 para la investigación de posibles violaciones a los derechos humanos de las personas centroamericanas y el 4667/18 en relación a las declaraciones emitidas públicamente por autoridades municipales de Tijuana.
De igual manera, reiteró el llamado a las autoridades de gobierno de realizar todas sus actuaciones con base en el respeto a los derechos humanos.
En ese sentido, Olvera Rodríguez reiteró que las autoridades de gobierno tienen la obligación de atender no solo la Constitución, sino los tratados internacionales en materia de derechos de las personas en contexto de migración de las que México no solo es parte, sino incluso ha sido inicialista, como la Convención sobre los Trabajadores Migrantes; además de otras como el Convenio sobre las Migraciones en Condiciones Abusivas y la Promoción de la Igualdad de Oportunidades y de Trato de los Trabajadores Migrantes; la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados.
Entre las Recomendaciones que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU emitió a México en materia de migración, cabe subrayar: “tomar todas las medidas legales y administrativas necesarias para asegurar los derechos de los migrantes y las personas en movimiento, particularmente en las zonas fronterizas”.
La Ombudsperson puntualizó que entre los derechos que deben reconocerse a las personas en contexto de migración se encuentran los relativos a la identidad, a la no discriminación, a la vida, al debido proceso migratorio, al asilo, a la seguridad jurídica, a la salud, a la educación, a una vida libre de violencia, a la igualdad, al trato digno y a la determinación del interés superior de la niñez.
“Baja California es un Estado construido por personas migrantes. La cultura de respecto a la dignidad de las personas es la base para que todas y todos tengamos acceso a condiciones de vida dignas”, concluyó Melba Adriana Olvera Rodríguez.
