Ataque armado contra civiles por grupo criminal deja 18 muertos en Tamaulipas

Las autoridades elevaron a 18 la cifra de fallecidos en una serie de ataques armados efectuados el sábado en la ciudad de Reynosa, en el norte de México. Cuatro de ellos eran presuntos delincuentes abatidos por las fuerzas de seguridad y el resto civiles, indicaron funcionarios. El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, condenó el domingo los hechos en los que perdieron la vida "ciudadanos inocentes” y, mediante un comunicado, dijo que “se investiga ya el móvil de estos actos que afectaron de manera directa a la población civil”. Los ataques tuvieron lugar el sábado por la tarde en varios puntos del oriente de Reynosa, ciudad vecina a McAllen, Texas, por parte de individuos armados que iban a bordo de varios vehículos. Los tiroteos provocaron la movilización del ejército, la Guardia Nacional, la policía estatal y la fiscalía del estado, que se desplegaron por toda la ciudad. Las primeras indagatorias indicaban que los hombres armados dispararon directamente contra 14 personas que, según el gobernador, eran civiles. Durante el despliegue de las fuerzas de seguridad, elementos policiales localizaron a algunos de los presuntos atacantes. "Los individuos opusieron resistencia y agredieron a personal policial, el cual repelió la agresión. Murieron 4 de los civiles armados”, indicó en un comunicado el Grupo de Coordinación Estatal para la Construcción de La Paz en Tamaulipas, que integra a todas las fuerzas de seguridad que operan en la entidad. Uno de los presuntos criminales falleció en las inmediaciones del puente fronterizo que conecta Reynosa con McAllen, un punto estratégico del crimen organizado para controlar todo tipo de tráficos ilegales, sobre todo el de migrantes. Los otros tres sospechosos fueron abatidos por las fuerzas de seguridad poco después. Las autoridades detuvieron el sábado a una persona que llevaba en el maletero de un automóvil a dos mujeres, aparentemente secuestradas, y aseguraron tres camionetas, así como un arma larga. Maki Esther Ortiz Domínguez, alcaldesa de Reynosa, pidió el sábado el esclarecimiento de lo ocurrido a través de su cuenta de Twitter y reclamó que “se proteja a la ciudadanía de estos actos violentos”. Reynosa es una ciudad de gran actividad del crimen organizado y también un importante punto de cruces ilegales de migrantes, así como de expulsión de los mismos. En esta región, la parte más oriental de la frontera entre México y Estados Unidos, opera el Cártel del Golfo, aunque distintos grupos dentro de esta organización mantienen una lucha interna desde 2017 para controlar territorios clave para el trasiego de droga y el tráfico de personas. Aparentenente una de las células de una localidad cercana es la que entró en Reynosa y cometió los ataques. La seguridad es uno de los grandes pendientes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El presidente asegura que está combatiendo las causas, y desde el inicio de su gobierno, en diciembre de 2018, abogó por el lema de “abrazos, no balazos” para tratar a los criminales, al tiempo que insistió en luchar contra la corrupción para frenar la infiltración del crimen organizado entre las autoridades. Pero la violencia continúa. “Las organizaciones criminales deben recibir por parte del Gobierno Federal una señal clara, explícita y contundente de que no habrá espacios para la impunidad, ni tolerancia ante sus reprobables conductas delictivas”, exigió el gobernador el domingo, del opositor Partido Acción Nacional. “En mi gobierno no habrá tregua para los violentos”. Sin embargo, García Cabeza de Vaca está siendo investigado por la fiscalía federal por delincuencia organizada y lavado de dinero. La fiscalía logró que el Congreso le retirara el fuero y que un juez ordenara su captura, pero García Cabeza de Vaca impugnó estas resoluciones —un litigio que llegó hasta la Suprema Corte y todavía está sin resolver_, e insistió que la acusación en su contra se debe a un plan del gobierno de López Obrador para atacarlo sólo por ser opositor. Los problemas de las autoridades de Tamaulipas, el estado que vio nacer a Los Zetas —ahora reconvertidos en el Cártel del Noreste y donde sigue operando el Cártel del Golfo— no son nuevos. Varios de sus antiguos gobernadores, todos del ahora opositor Partido Revolucionario Institucional, han enfrentado cargos por corrupción y crimen organizado. Uno de ellos, Tomás Yarrington, fue extraditado a Estados Unidos desde Italia en 2018, bajo acusaciones de tráfico de drogas