En los procesos de evaluación y certificación, se
comprenderá la participación de ciudadanos o representantes de la sociedad
Mexicali, B.C., martes 15 de
enero de 2013.- Con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos y fines de
la evaluación y certificación de los miembros, agentes del Ministerio Público,
Peritos, elementos de apoyo de las instituciones de Seguridad Pública y personal
operativo de los prestadores de Servicios de Seguridad Privada, el Congreso del
Estado adicionó la Ley en la materia.
Lo anterior tuvo verificativo
durante la sesión ordinaria celebrada este día bajo la conducción de la
Diputada Rosana Soto Agüero, Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la XX
Legislatura, al someterse a debate parlamentario el dictamen número 3 de la
Comisión de Seguridad Pública que preside el Diputado Marco Antonio Vizcarra
Calderón.
De manera unánime se aprobó
adicionar con los párrafos segundo y tercero el artículo 32 de la Ley de
Seguridad Pública del Estado para quedar como sigue: “Para el cumplimiento de
sus objetivos y fines, en los procesos de evaluación y certificación, se
comprenderá la participación de ciudadanos o representantes de la sociedad
organizada”.
“Para efectos de lo dispuesto en el párrafo
anterior, el Ejecutivo del Estado expedirá las disposiciones reglamentarias
relacionadas con el proceso de designación, requisitos, número de ciudadanos o
representantes de la sociedad organizada y demás aspectos que sean necesarios”.
La Iniciativa fue presentada
por los Diputados Marco Antonio Vizcarra Calderón, Víctor Hugo Navarro Gutiérrez del PVEM y los
integrantes de la Fracción Parlamentaria del PRI, y en la exposición de motivos
se argumentó que a pesar de que actualmente se desarrollan los procesos a
efecto de realizar la evaluación y certificación de los diversos cuerpos de
seguridad pública del Estado, éstos requieren necesariamente de una
redefinición como un factor determinante para solucionar conjunta e
integralmente las problemáticas que en materia de seguridad pública flagelan
gravemente a la comunidad, y para lo cual es indispensable establecer
mecanismos que reconozcan y fortalezcan la participación de los ciudadanos en
dichos procedimientos.
Asimismo, se destacó la
necesidad de contar con un Centro de Evaluación y Control de Confianza de Baja
California, en donde se incluya la participación corresponsable de gobierno y
sociedad, a fin de dar transparencia a los procesos de elección y permanencia
del personal, elementos de seguridad pública y procuración de justicia; ya que
esto se traducirá en notables beneficios poblacionales, tales como una
actuación policial eficiente, la recuperación de la credibilidad ciudadana y
una mayor calidad en el servicio que demanda la sociedad.