La senadora Angélica de la Peña denunció afectaciones al patrimonio de más de mil 200 familias tijuanenses, quienes acusan a la inmobiliaria Casas Geo de haberlos defraudado al construir casas con deficiencias que ponen en riesgo sus vidas.
En rueda de prensa la legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) exigió demoler esas casas, el resarcimiento de sus derechos a una vivienda digna por ser además beneficiarios del Infonavit, así como aplicar las consecuencias legales para los responsables.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores detalló que el fraccionamiento Pórtico ha sido calificado por diversos estudios periciales y por profesionales de la construcción como de alta peligrosidad.
La razón que señalan es que las construcciones en dicho sitio fueron edificadas con materiales de dudosa calidad, por lo que la mayoría de las viviendas han sido desocupadas.
Aunado a lo anterior las familias han sufrido un gran impacto económico, ya que sus créditos son contratados en Udis, lo que las convierte en impagables, por lo que se ha exigido a diversas autoridades la solución del conflicto, obteniendo sólo algunas órdenes de aprehensión a nivel local.
En ese sentido De la Peña Gómez se comprometió con los afectados a gestionar la accesibilidad de las dependencias gubernamentales, como la Secretaría de Vivienda y la Procuraduría de Protección al Consumidor, ya que desde 1997 los demandantes no han obtenido respuesta de gobernadores y autoridades locales.
El presidente de la organización Tijuanenses Unidos por una Vivienda Digan, A.C., Guadalupe Oliver Vázquez Ibarra, explicó a su vez que Infonavit financió a Casas GEO con aproximadamente 65 millones de pesos para la construcción de Pórticos, cuyas viviendas fueron edificadas sin castillos ni dalas y con materiales de mala calidad.
Ese problema no es privativo de Tijuana sino de índole nacional, abundó, por lo que pidió la intervención de la Presidencia de la República y de la Secretaría de Gobernación para que se respete el Artículo 4 constitucional sobre el derecho a una vivienda digna.
