Tertulia Política, la ruta del fraude

Pedro Martínez Serrano



Apocado, taimado, traicionero y tramposo, profundamente tramposo, como todos los rateros, el gobernador del Estado, José Guadalupe Osuna Millán se dejó guiar y, por ello, Baja California se convirtió en un pestilente y putrefacto estercolero electoral, que le explotó en la cara al mandatario estatal y a su pandilla, a sus operadores políticos y a sus candidatos, que abandera el agiotista Francisco Arturo Vega de Lamadrid, Kiko, como exige ser llamado.



El escándalo de la ruta del fraude, que comanda personalmente el gobernador Guadalupe Osuna, se descubrió la semana anterior, cuando personas al servicio del gobierno del Estado, se hartaron de ser sometidas, obligadas y pisoteadas en sus derechos laborales, para trabajar a favor del Partido Acción Nacional.



La estrategia política que se trabaja en los war room de la alianza Unidos por Baja California (de cuyo documento, como de muchos otros poseo copia) enlista las siguientes tareas: Creación de estructura territorial (nivel sección electoral y casilla), con los siguientes OBJETIVOS ESPECÍFICOS: DETECCIÓN, OPERACIÓN, MOVILIZACIÓN, sujeta a los siguientes mecanismos: Mercadotecnia de contacto directo, Identificación de micro liderazgos y fortalecer a los mismos en su territorio, Segmentación y Focalización y; Estructura territorial–electoral.



Los coordinadores municipales de aquella estrategia política, son los siguientes empleados del gobierno del Estado: María Dolores Murrieta Andrade, en Mexicali; Oscar Manuel Pulido Murrillo, Tecate; Esteban Bugarín Cruz, Tijuana; Julio César Díaz Feliz, Rosarito; Luis Enrique Chapela Zapien, en Ensenada y, además, disponen de Jesús Alberto Torres Andrade, en la región de San Quintín, a cuya demarcación, se le atribuye el triunfo electoral de Ensenada.



(Un botón de muestra: De acuerdo a la plantilla de personal de la Secretaría General de Gobierno del Gobierno el Estado, al mando de Francisco García Burgos, la señora María Dolores Murrieta Andrade percibe un sueldo de 49 mil 791 pesos con 27 centavos al mes, como Coordinadora de Asesoría Política y Social de aquella dependencia)



Al igual que la señora Murrieta, que cobra en la Secretaría de Gobierno, hay decenas de mandos medios y superiores de las diferentes dependencias que integran el desgobierno de Guadalupe Osuna, que están de tiempo completo en la campaña, lo mismo para arriar votos para Francisco Vega de Lamadrid, que para los candidatos a diputados locales y alcalde.



El espinoso asunto ofrece convulsionar la elección, por la ola de irregularidades que se atizan desde el Gobierno del Estado y, con lo que se agudiza la vulnerabilidad de los candidatos de aquella coalición que abandera el Partido Acción Nacional, que cueste lo que cueste, tiene como objetivo echar su resto, con el desquiciado intento de retener la gubernatura por seis años más.



Sobre el tema, el presidente del comité nacional del Partido Revolucionario Institucional, encabezó una conferencia de prensa, de la cual se emitió el siguiente comunicado de prensa:







Denuncia PRI desvío de 1,350 millones de pesos

del erario para favorecer las campañas del PAN







• Con esos recursos financia gobierno la estrategia electoral



• Base de datos oficial identifica electores y comprar voluntad



• CEN del PRI exige a Osuna cumplir su deber ético y jurídico



• Busca influir la expresión democrática de bajacalifornianos







El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) denunció el desvío millonario de recursos públicos de parte del gobierno estatal, para favorecer a los candidatos del PAN a gobernador, alcaldes y diputados locales en los comicios que se celebrarán este 7 de julio.



Con base en una serie de documentos con los que cuenta el partido, se obtuvieron evidencias suficientes para presentar esta mañana una denuncia ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE),



A 48 horas de que concluya el periodo de campañas político-electorales, el CEN del PRI llamó al Poder Ejecutivo de Baja California, y le exigió cumplir con su deber ético y jurídico y, por tanto, cancelar toda acción ilegal que busque influir en la libre expresión democrática de los bajacalifornianos.



Entre las evidencias que presentó el PRI ante la FEPADE, como parte de la denuncia, existen pruebas de que, mediante una serie de operaciones que coordinan funcionarios públicos estatales, se utilizan recursos humanos y materiales, para el pago de brigadistas que difunden acciones de gobierno y buscan comprometer a los ciudadanos para que voten por los candidatos del PAN.



El PRI tiene evidencias de que uno de los desvíos de recursos se realizó con dinero del Programa de Empleo Temporal, con un presupuesto estatal de 36 millones de pesos, mismo que sirvió para pagar a los brigadistas con nivel séptimo de la nómina del gobierno estatal.



Se destinaban sueldos de entre 12 y 20 mil pesos a coordinadores y brigadistas encargados de las operaciones ilegales. Obra en poder del PRI una lista de todos los miembros de esa estructura paralela que creó con fines electorales el gobierno estatal.



En el listado se incluyen nombres, domicilios, correos electrónicos y teléfonos; de coordinadores municipales, distritales, enlaces institucionales, jefes de sección, brigadistas y movilizadores, que comenzaron sus operaciones desde diciembre de 2011. Por ejemplo María Dolores Murrieta Andrade, que es la coordinadora municipal política en Mexicali, quien aparece en la Plantilla de Personal de la Secretaría General de Gobierno con un sueldo mensual de 50 mil pesos.



Adicionalmente, y de acuerdo con las evidencias obtenidas, la estrategia gubernamental comprende tres etapas: detección, operación y movilización, mediante las cuales se efectúa un análisis de las secciones electorales en todo el estado las cuales se clasifican por prioridad con los números 1, 2 y 3.



La operación que desarrolla el gobierno de Baja California incluye un diagnóstico comunitario de secciones prioritarias para detectar necesidades y programas de gobierno que poseen mayor impacto en el ánimo de la sociedad.



También incluye un mecanismo de mercadotecnia de contacto directo, mediante un barrido con encuesta inductiva, disfrazada de encuesta institucional, en la que invirtió el gobierno de Guadalupe Osuna Millán diez millones de pesos y que se denunció públicamente el sábado pasado.



Esta encuesta fue utilizada para etiquetar a los ciudadanos como afines al PAN, Potenciales y Contras.



Además el gobierno del estado de Baja California desarrolló un software que ilegalmente introdujo al sistema del gobierno, por parte del jefe de Informática de la Secretaría General de Gobierno, César Torres, para capturar los nombres de los ciudadanos considerados como afines y con capacidad de votar por el PAN.



Dicha estrategia, utiliza a la Universidad Tecnológica de Tijuana y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado de Baja California (CECyTE), ambas instituciones educativas estatales que fueron puestas al servicio de esta operación, por instrucciones directas del gobernador del estado.



Desde hace poco más de un año, en junio de 2012, previo a las elecciones federales, se empató el listado de adicionados, que son simpatizantes y militantes del PAN, con el del Padrón Electoral, a fin de mantener apoyos directos a través de obras, servicios y dinero en efectivo, beneficios que obtienen también a través de su inscripción como beneficiarios de programas sociales.



En la operación coordinada por el propio gobernador del estado José Guadalupe Osuna Millán, se utilizaron claves para hablar por teléfono y para hacer señalamientos, dar instrucciones y operar acciones en documentos, donde se identifica al mandatario estatal con el alias de El Almirante.



Entre los coordinadores iniciales de estas acciones que comenzaron hace 30 meses, se encuentran Mario Osuna y Patricia Ramírez. Quienes son, hoy en día, candidatos a diputados por del PAN en distritos de Tecate y Tijuana.