México, 11 Dic. ).- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la minuta de reforma constitucional en materia energética, con 354 votos a favor, 134 en contra, sin abstenciones.
Debido a la presentación de reservas, sobre casi todos los artículos, principalmente interpuestas por los partidos de izquierda, la discusión en lo particular podría llevar toda la madrugada de este jueves.
La votación fue calificada como corresponde a una reforma constitucional, al haberse registrado una votación de las dos terceras partes del pleno, y avalaron los diputados del PRI, Partido Acción Nacional (PAN), PVEM y Nueva Alianza.
Sin embargo, la diputada panista Verónica Sada Pérez, de Nueva León, votó en contra, al igual que los legisladores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano.
Debido a las condiciones del recinto alterno en al auditorio "Aurora Jiménez de Palacios", en el Edificio E de San Lázaro, la votación fue tomada de viva voz, uno por uno de los más de 400 diputados que estaban presentes, lo que tardó más de una hora.
Algunos aprovecharon su turno para votar para lanzar consignas, como Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien se identificó como integrante del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y otros como Jonathan Jardines y Amalia García Medina, del PRD, quienes se refirieron a la consulta popular contra dicha reforma, que se efectuaría en 2015.
La vicepresidenta de la Mesa Directiva, Aleida Alavez, del PRD, votó en contra y consideró que hubo un bajo nivel de debate, además de externar su vergüenza por llevar a cabo una asamblea de esa naturaleza; mientras que otros como Loretta Ortiz, del PT, señalaron que la historia juzgará a quienes se pronunciaron a favor.
El presidente de la Mesa Directiva, Ricardo Anaya Cortés, interrumpió después del voto del diputado Silvano Blanco de Aquino, para decir había sufragado una persona que no era legislador, sin embargo se trataba de Rodrigo Chávez Contreras, suplente del diputado Martí Batres Guadarrama.
Ante ese incidente, Anaya Cortés ofreció una disculpa pública por el agravio, a solicitud del coordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal Ávila, y explicó que lo confundió con otro suplente.
Ante las reservas que se presentaron, los diputados de izquierda argumentaron que la votación en lo general era ilegal precisamente porque todos los artículos estaban reservados.
Sin embargo, se continuó con la votación, se aprobó en lo general y el presidente Anaya Cortés explicó que lo que se votaba era el instrumento y se seguía con la presentación de reservas.
Al concluir la presentación de reservas se votará la reforma en lo particular, y de aprobarse nuevamente, la minuta pasaría a los 31 Congresos locales para que sea avalada.
Si logra el voto por lo menos 17 congresos locales, las cámaras de Senadores y diputados efectuarían la declaratoria de constitucionalidad y la remitirían al Ejecutivo federal para su promulgación.
En el debate, que comenzó aproximadamente a las 18:30 horas, participaron 12 diputados, y mientras quienes estaban a favor destacaban que la reforma constituía la oportunidad para obtener mayor rentabilidad de recursos naturales, los legisladores que estaban en contra acusaron a sus contrapartes de traicionar al país.
La minuta modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución y con ello se permitirán los contratos con particulares en la exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo del país.
Con ello, se confía en obtener ingresos que contribuyan al desarrollo en el largo plazo y se precisa que tratándose de minerales radioactivos no se otorgarán concesiones.
De acuerdo con la reforma, se podría incrementar la producción de petróleo en casi 1.5 millones de barriles de crudo diarios adicionales para 2025, lo que representaría un aumento de 60 por ciento respeto de la producción actual.
En el caso del gas natural, la producción podría aumentar para ese mismo año aproximadamente a 7.3 miles de millones de pies cúbicos diarios, más del doble de la producción actual.
Además, el incremento en la inversión podría generar un impacto positivo en el crecimiento del Producto Interno Bruto de al menos uno por ciento anual en 2018 y hasta 1.6 por ciento anual antes de 2025.
El dictamen prevé en su régimen transitorio que las leyes respetarán en todo momento los derechos laborales de quienes presten sus servicios en Petróleos Mexicanos, entidades federales dedicadas a la exploración y extracción de petróleo e hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, y en la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Ello, con miras a sentar las bases de una adecuada interrelación entre dichos organismos y las empresas privadas que, a partir de la entrada en vigor del decreto, podrán participar en la exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos.
El dictamen precisa que se podrán llevar a cabo "las actividades de exploración y extracción mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria".
Resalta que el esquema jurídico vigente en México necesita ser reformado con el propósito de brindar un marco que permita un mejor aprovechamiento de la riqueza nacional, la cual potencialice la generación de empleos, el crecimiento económico y redunde en beneficios palpables para la economía de los mexicanos.
El Artículo 27 establece que "en cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación", y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos. Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en el subsuelo, la propiedad de la Nación será inalienable e imprescriptible y "no se otorgarán concesiones".
La Nación llevará a cabo las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos a través de asignaciones de determinada superficie de terreno que hará a favor de empresas productivas del Estado, añade.
Lo anterior, en el entendido de que Petróleos Mexicanos (Pemex) transitará al modelo de empresa pública productiva para que éstas puedan a su vez realizar dichas actividades, o bien contratar a particulares para efectuarlas.
El dictamen precisa que la exclusividad del sector público sobre las áreas estratégicas permanece intocado.
Las actividades de exploración y extracción del petróleo y los demás hidrocarburos en el subsuelo, el control del sistema eléctrico nacional y el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, permanecerán bajo exclusividad del sector público.
El dictamen menciona que se podrán crear empresas productivas, cuya propiedad y control estará siempre a cargo del gobierno federal, a efecto de llevar a cabo las actividades de exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos en el subsuelo, que se incorporan como áreas estratégicas.
Se crea el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, cuya institución fiduciaria será el Banco de México.
Dicho Fondo tendrá como objetivo, en los términos que establezca la ley, recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y contratos a que se refiere el Artículo 27 constitucional, con excepción de los impuestos.
Además, en el régimen transitorio se especifica que dentro de los 120 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto, el Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones al marco jurídico para "regular las modalidades de contratación que podrán ser de servicios, de utilidad o producción compartida, o de licencia".
