En medio de una larga sesión, con una breve toma de tribuna y severas críticas de la izquierda e incluso de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Corral y Ernesto Ruffo, que votaron en contra, se avalaron los cambios a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, así como a 21 transitorios.
Entre los principales aspectos de la reforma figuran la llamada despetrolización de las finanzas públicas, al establecer que Petróleos Mexicanos (Pemex) transferirá de sus ganancias sólo hasta 4.7 por ciento al Presupuesto de Egresos de la Federación.
Asimismo, los representantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), dejarán de formar parte del Consejo de Administración de dicha paraestatal.
Estableciéndose en el Artículo 20 transitorio que dicho Consejo se conforme por cinco consejeros del gobierno federal, incluyendo el secretario de Energía, quien lo presidirá y tendrá voto de calidad, así como cinco consejeros independientes.
Al fijar la postura del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el senador David Penchyna defendió el dictamen y expuso en tribuna que Pemex y la CFE, convertidas en empresas productivas del Estado, se mantendrán en propiedad del Estado mexicano ciento por ciento mexicanas, públicas e insignias del desarrollo mexicano, del pasado, del presente y del futuro.
"Planteamos una reforma integral del sector energético, con un nuevo modelo que conjugue seguridad energética, autodeterminación y el ejercicio real, tangible, de la soberanía nacional", apuntó.
El priista aseguró que se mantiene la prohibición de concesiones, "que quiero puntualizar, no es sinónimo de un contrato de licencia, la nación mantiene el monopolio sobre la exploración y explotación de los hidrocarburos, así como sobre la planeación y el control del sistema eléctrico nacional".
Alejandro Encinas Rodríguez, senador perredista, exhortó al senador del PRI y líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, a pronunciarse sobre la reforma, que dijo "es una trampa" para este gremio que tendrá afectaciones a sus derechos laborales y al proceso de contratación y salarios.
Ernesto Ruffo Appel, senador del PAN, fundamentó su voto en contra y apuntó: "quiero hacer distinguir a manera de reclamo en contra de la partidocracia para alertar, para convocar a la ciudadanía a que se convierta en supervisora del gobierno".
"Llevo ya casi 30 años buscando el cambio y éste no llegó con la alternancia en el poder. Los partidos políticos y sus camarillas no manejan ideales, sino intereses. Sólo mediante la férrea supervisión ciudadana podemos lograr que el gobierno funcione para los mexicanos", dijo quien fue el primer gobernador oposición en México.
El senador panista Jorge Luis Lavalle Maury afirmó que la enmienda establece un modelo que transforma al sector energético al construir instituciones fuertes, con mayor competencia, eficiencia y buscando siempre la sustentabilidad, "dejando muy claro que el petróleo es y será de todos los mexicanos y no de contratistas o partidos".
Refirió que la reforma está basada en ejes fundamentales como la maximización de beneficios de los hidrocarburos para todos los mexicanos, la creación de una empresa pública productiva del Estado.
Además, el establecimiento de organismos reguladores fuertes, la sustentabilidad y medio ambiente y un Fondo Mexicano de Petróleo para la estabilización del desarrollo.
Con ello, dijo, se establecen modelos contractuales adecuados, que generarán confianza y permitirán al Estado mexicano mejorar la eficiencia del servicio y reduciendo los costos en el sector eléctrico.
"Es el dictamen más soberano de todos, porque busca aprovechar el potencial energético del país para beneficio de los mexicanos, generando empleo y crecimiento económico, seguridad energética y el cuidado del medio ambiente", finalizó.
En tanto, el senador perredista Rabindranath Salazar Solorio expresó que la historia de las privatizaciones en México es de "frustraciones, reveses e infortunios que estallan en el ánimo y en la conciencia colectiva" y que se repite con una reforma energética que se puede equiparar con "un producto milagro".
Refirió la insistencia de que con esta propuesta "tendríamos 500 mil empleos, seguridad energética para las próximas generaciones, una empresa a nivel de las mejores del mundo y que México crecerá".
Sin embargo, consideró que la redacción del artículo transitorio segundo evidencia la vulnerabilidad en la que quedarían más de 100 mil trabajadores, que de forma gradual y con la intervención de empresas extranjeras podrían ser despedidos. Además, representa "la entrega de la industria energética nacional y la pérdida definitiva de parte importante de la soberanía nacional".
Pareciera, agregó, que a los gobiernos les funciona el "círculo vicioso" de crear empresas del Estado con el dinero de los mexicanos, "exprimirlas, saquearlas, reformar la legislación y luego venderlas al capital extranjero, pero al final los mexicanos seguimos pagando las mismas cargas impositivas aunque se tenga que invertir cada vez menos en empresas públicas".
En el dictamen se establece que el Fondo Mexicano del Petróleo ahora se llamará Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, el cual recibirá todos los ingresos con excepción de los impuestos.
Dicho fondo transferirá recursos de 10 por ciento al Sistema de Universal de Pensiones, de 30 por ciento para inversiones en infraestructura y hasta de 10 por ciento para la formación de capital humano en universidades y postgrados.
Establece un plazo de dos años, a partir de la publicación de la reforma, para que Pemex y la CFE se conviertan en empresas productivas del Estado.
Propone cuatro modalidades de contratos que habrá, que serán "entre otros" de: servicios, de utilidad o producción compartida o de licencia para llevar a cabo por cuenta de la Nación las actividades de exploración y extracción del petróleo, incluyendo las que puedan realizar las empresas productivas del Estado con particulares.
Prevé que los particulares por cuenta propia lleven a cabo, entre otras tareas, la instalación, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica.
Obliga a que en la ley secundaria Pemex y CFE establezcan normas de administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación, así como el régimen de remuneraciones de su personal para garantizar eficacia, honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas.
En la discusión en lo particular se establecieron 180 reservas al dictamen por senadores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano, lo cual prevé que este debate se extienda por varias horas más y concluya la mañana o mediodía de este miércoles 11 de diciembre.
