- Por crisis económica, miles de familias no pueden cumplir con sus obligaciones fiscales
Mexicali, B.C., lunes
9 de diciembre de 2013.- El acceso al servicio de agua potable, tiene un fuerte
impacto no sólo en las necesidades básicas de las familias, sino también en las
condiciones sanitarias y de salud de todos los integrantes, además de ser un
derecho vital para la supervivencia.
Esto fue expresado
por la Diputada Nereida Fuentes González, al presentar un punto de acuerdo ante el pleno
por el que se exhorta al titular del Ejecutivo del Estado, Francisco Vega de la
Madrid, para que conforme a sus atribuciones emita un decreto administrativo
para que otorgue condonaciones a los usuarios de las comisiones estatales de
servicios públicos de Mexicali, Tijuana, Tecate y Ensenada.
De la misma forma, los
adeudos por concepto de derechos de obra, de conexión y/o consumos de agua referidos
en el artículo 11 de la Ley de Ingresos del Estado del ejercicio fiscal que
corresponda a cada periodo, así como el 100 por ciento de los recargos por
conceptos de multas generados por la falta de entero oportuno de dichas
contribuciones.
Mencionó al presentar
el documento a nombre de las fracciones del PRI, PVEM, PT Y PES, que según los
resultados de la medición de la pobreza para Baja California 2012, presentados
por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la
población subsiste con ingresos menores a la línea de bienestar en un millón
doscientos noventa y ocho mil personas, lo que demuestra sin lugar a dudas que
es real y crítica la situación de pobreza en la entidad.
Es por ello que
consideró como premisa de todo Gobierno democrático y representativo, servir a
los ciudadanos y asegurar mediante la gestión pública que todas las acciones,
programas, servicios e inversiones que promueva estén sustentados en términos
de su beneficio.
Para finalizar
expresó que actualmente se presentan elementos económicos negativos que
influyen directamente en la actividad económica y el bienestar social de la
población en los municipios de Baja California y es a partir del año 2010, cuando
se advierte una creciente preocupación de miles de familias que a consecuencia
de la crisis económica, no pueden cumplir con sus obligaciones fiscales.
