Ante la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional
El Diputado Federal Jorge Ramos Hernández, integrante de la Bicameral, destacó que si el presidente Enrique Peña Nieto sabía del caso de espionaje es grave, pero si no lo sabía es aún más grave, pues es el principal responsable de lo que sucede en el país, por lo que está convencido de que el resultado de la investigación conducirá a los culpables y no habrá impunidad
CIUDAD DE MÉXICO, VIERNES 23 DE JUNIO DE 2017.- Será el próximo jueves cuando comparezcan ante la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional los titulares de Gobernación, PGR y Cisen, para abordar el tema de las intervenciones telefónicas de las que han sido víctimas defensores de los derechos humanos, algunos personajes políticas y periodistas.
Jorge Ramos Hernández, integrante de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, informó que el día de ayer fue notificado por la Secretaria Técnica, Amparo Brindiz Amador, que la solicitud presentada hace un par de días fue atendida y se agendó la comparecencia de los altos funcionarios federales.
Ramos Hernández, fue designado por el dirigente del PAN, Ricardo Anaya, como encargado de dar seguimiento al escándalo de espionaje telefónico que denunciara el New York Times, acusando al gobierno federal, que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto, de desviar la utilización de un software para espiar criminales hacia periodistas, personajes políticos y activistas de derechos humanos.
“Si el presidente Enrique Peña Nieto sabía del caso de espionaje es grave, pero si no lo sabía es aún más grave, pues es el principal responsable de lo que sucede en el país”, sentenció el Diputado Federal Jorge Ramos Hernández, quien se dijo convencido de que el resultado de la investigación conducirá a los culpables y no habrá impunidad.
Después de que se le encomendara la tarea de dar seguimiento al caso como presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara de Diputados, expresó que tienen conocimiento de que al menos 729 personas fueron espiadas a través de sus equipos de telefonía celular.
Lo preocupante de esto, dijo, es que es una invasión a la intimidad de las víctimas, ya que el gobierno prácticamente se convirtió en dueño de los celulares al tener acceso a claves, fotografías, cuentas, videos e incluso al micrófono, aún cuando el equipo estuviera apagado.
“Es muy importante puntualizar que no se trata de un espionaje tradicional, de escuchar conversaciones, se trata de una cosa mayor, que invade la intimidad de periodistas, deportistas, activistas, funcionarios electorales y líderes de partidos”, manifestó.
Remarcó que no existe ninguna resolución de un juez federal para proceder a intervenir la comunicación de las víctimas, por lo que el Gobierno Federal está obligado a dar una explicación y a entregar información precisa sobre esos procedimientos.
Hasta donde saben, el software de espionaje tiene un costo promedio de 85 mil dólares por equipo, por lo que el gasto ascendería a más de 62 millones de dólares, lo que también se deberá esclarecer, porque se trata del uso de recursos públicos.
Ramos Hernández expresó que con los actuales niveles de inseguridad, es muy lamentable que se desvíen recursos para fines de espionaje de figuras públicas, en lugar de destinarlo a ubicar a líderes del narcotráfico y saber cómo operan o qué movimientos van a realizar para el trasiego de droga.
El diputado por Baja California insistió en que es un acto de parte del estado que no tiene precedente y es un claro reflejo de las prácticas a las que siempre le ha apostado el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para mantener controlado al país.
Recordó que en la Comisión Bicameral participarán tres diputados federales y senadores, que estarán citando a los funcionarios responsables de la seguridad pública para que expliquen los casos de espionaje.
De ser necesario, propondrán que intervengan organismos internacionales para que haya transparencia y claridad en la investigación.
La comparecencia será el jueves 29 de junio, y están citados el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade; y el director del Cisen, Eugenio Imaz.
