En un comunicado conjunto, se dijeron “dolidos, enojados y preocupados” por la ejecución de Luciano Rivera el pasado lunes 31 de julio de 2017 en Playas de Rosarito.
Los demandantes explicaron que el crimen aún no ha sido aclarado “y, lejos de investigar, pareciera que las instituciones de procuración de justicia buscan cerrar el caso e incluso persiguen a otros colegas quienes develan detalles importantes”.
Y es que, detallaron, horas después del homicidio, la subprocuradora de Baja California, Patricia Ortega, “dijo que no existían indicios de que el asesinato de Luciano Rivera se vinculara con su actividad periodística. Ella difundió la versión de que habría sido asesinado por defender a una mujer dentro de un bar”.
Y dieron un detalle del trabajo de Rivera: en los últimos ejemplares de la revista Dictamen BC, que él dirigía, se publicaron investigaciones pudieron “incomodar a grupos delincuenciales y de poder”. La edición de mayo se tituló “Guerra de narcomenudistas” y la de junio-julio, “Desmantelan a la mafia amarilla”, en referencia a una mafia de taxis en Tijuana.
Por esta razón, los periodistas exigieron que el asesinato de Luciano Rivera “sea investigado sin descartar a su trabajo periodístico como posible móvil. Que sean identificados y castigados los responsables, así como garantizada la seguridad de sus familiares y compañeros”.
Acoso gubernamental
En el mismo comunicado, los periodistas responsabilizaron al gobierno de Baja California –encabezado por Francisco de la Vega- “y a todas las autoridades mexicanas” por la integridad de su colega Alberto Elenes, quien, dijeron, con su trabajo demostró que la versión de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la entidad “es insostenible y por ello ha sufrido acoso de las autoridades”.
Según los denunciantes, Elenes investigó “más que los órganos de gobierno”, debido a que registró testimonios que aseguran que fue un asesinato premeditado, no fortuito, como lo trató la PGJ-BC. Aclararon que en la primera audiencia de vinculación a proceso, la justicia confirmó la versión publicada por el reportero.
No obstante, aseguraron que “las autoridades de Baja California lo agreden”. De hecho, acusaron que el director de Comunicación Social de la Procuraduría, José Manuel Yepiz, “lo llamó ‘irresponsable’ por cuestionar la primera versión oficial del asesinato y lo acusó de ‘tratar de desacreditar la versión de la autoridad’, en un acto que inequívocamente resulta intimidatorio”.
Por tales razones, los periodistas exigieron que se garantice la integridad física de su colega Alberto Elenes y cese el descrédito a su trabajo. Además, acompañaron el reclamo de los colegas de Baja California y exigieron seguridad para ellos.
Al final del comunicado agregaron: “Basta de agredirnos. Basta de asesinarnos. Protegemos a nuestras fuentes para procurarles seguridad. Investigamos para hacer de México un país más democrático y justo. ¡Justicia para Luciano Rivera, seguridad para Alberto Elenes!”