Se quehan de terrorismo de gobierno estatal
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Primero fue el pago del agua,
luego la confiscación de máquinas tragamonedas, el cierre parcial de casinos y
ahora preparan golpe contra el hipódromo
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El
gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, sigue en su guerra directa y
declarada contra grupo “Caliente”. Primero fue los altos cobros por el uso del
agua, luego la confiscación de máquinas tragamonedas en sus locales de Tijuana,
la clausura y cierre parcial de locales en Ensenada y ya prepara el golpe
contra el Hipódromo, al que acusa de estar en terrenos robados.
En
suma, se trata de perjudicar las actividades empresariales y amedrentar a quien
considera el enemigo a vencer en las próximas elecciones, el candidato al
gobierno del estado, Jorge Hank Rhon para dejar el camino libre a su
incondicional, la candidata de Morena al gobierno del estado, Marina del Pilar
Ávila.
Así se
puso de manifiesto en la conferencia de prensa que ofrecieron Carlos Sanz,
director de James Industries y los abogados de grupo caliente Ramón Serrano,
Marco Milán y Carlos Vizcaino, para denunciar las acciones ilegales e
inconstitucionales de parte del gobierno del estado, en contra de este
consorcio.
Estos
señalaron que la guerra de Bonilla es meramente política, ya que no ha
acreditado, en ninguno de los casos denunciado, la base jurídica y legal, con la
que ha actuado.
Señalaron
que, en el caso de los cobros excesivos por el uso del agua, no fue acreditado,
pero para evitar problemas se tomó la decisión de cubrir los supuestos adeudos.
En la confiscación de 208 máquinas tragamonedas en Tijuana, el argumento fue
que no tenían el respectivo permiso de importación, pero se acreditó que todas
estas fueron ensambladas en México, que no fueron traídas del extranjero y
muchas con componentes meramente nacionales.
Incluso
se ha demostrado que todas estas máquinas son arrendadas, o sea que no son
propiedad de grupo Caliente, sino de terceros que cuentan con toda la
documentación legal y permisos respectivos para operar en México, pero la
autoridad local del SAT local sigue cerrada a escuchar argumentos e insiste en
pedir permisos de importación cuando se les ha demostrado que son equipos
nacionales.
Lo del
cierre parcial de los casinos en Ensenada, es el mismo caso, o sea por mero
capricho del gobernador y sus incondicionales, como los alcaldes de ese municipio
gobernado por Morena.
Marco
Milán, abogado, consideró que la situación es preocupante ya que se trata de un
terrorismo con fines políticos que está ahuyentando e inhibiendo la inversión
tanto nacional como extranjera que ven con desconfianza la actuación ilegal del
gobierno del estado. Todo esto en prejuicio de la economía local que padece
pérdida de empleos y baja en sus ingresos y por lo tanto el empobrecimiento de
muchos.
Sobre
el caso del Hipódromo de agua caliente, denunciaron que el gobierno de Baja
California prepara ya el zarpazo en su contra, porque considera que está
construido en terrenos robados.
Si esa
es la acusación que lo demuestren consideró Milán, quien informó que el local
tiene en regla sus permisos federales. Recordó que una acción en contra de este
local implicaría la pérdida de 4 mil empleos directos y asfixiar al principal
pagador de impuestos en el estado.
